Desde hace meses, el debate público sobre el agua potable en el municipio de Aguascalientes se ha centrado en una pregunta: ¿El municipio debe de revocar el contrato de Caasa, el proveedor privado de agua potable, antes de que concluya en 2023? Una respuesta afirmativa lleva a más preguntas: ¿qué empresa debería de hacerse cargo de la provisión de agua potable? ¿debería de perseguirse un esquema de empresa mixta, como en Saltillo? ¿Deberíamos de considerar la municipalización del servicio?
Para resolver un problema de selección entre varias opciones, podemos recurrir a múltiples métodos, que van desde el azar (tiremos un volado para decidir el futuro de Caasa) hasta las técnicas de decisión óptima más sofisticado. ¿Qué método escogerá el municipio de Aguascalientes?
Para ayudar a los políticos a decidir, los estudiosos de la política pública suelen ofrecer recomendaciones racionales, pero prácticas, que aquí se comprimen en dos pasos sencillos: (1) compare los resultados que a 23 años ha ofrecido Caasa con los resultados estimados de las alternativas que se tienen disponibles (cambiar al proveedor del servicio, con varias opciones posibles); (2) elija la opción que ofrezca el mejor resultado.
¿Bajo qué criterios hacer la comparación? Quizá nos interesa que las tarifas sean razonables, que se garantice la calidad del líquido, que no haya tandeos, que se aproveche racionalmente el acuífero y que haya inversiones que garanticen el estado de la infraestructura.
En síntesis: el procedimiento racional consiste en comparar y elegir con base en los resultados que nos interesan. Es un procedimiento laborioso, pero de ninguna manera se trata de física nuclear.
Así, antes de decidir qué hacer con la concesión de agua potable, sin duda la decisión con mayores implicaciones para el futuro de la ciudad, deberíamos de conocer las alternativas existentes y las proyecciones de cada una de ellas sobre efectos en tarifas, calidad, tandeos e inversión, entre otros.
Es posible que el municipio cuente con diagnósticos y proyecciones que ya le permitan establecer, por ejemplo, que habrá menos tandeos si otra empresa se hace cargo, o que el sistema de tarifas tendrá un mejor diseño si una empresa mixta toma la estafeta o si el municipio mismo toma el timón. Pero no es suficiente que los diagnósticos existan, también deben de hacerse públicos. El agua potable es demasiado importante como para dejar la decisión fuera del debate público.
En ausencia de diagnósticos y análisis públicos, desaparece el método de elección descrito líneas arriba, y aparece más bien un “método” que por décadas los niños mexicanos que participaban en un concurso de Televisión conocían como la catafixia. Primero, recibían un regalo medianamente satisfactorio (quizá una tabla con rueditas, conocida como avalancha), posteriormente se les presentaba la opción de cambiarla (catafixiarla) por algún otro regalo. No estaba mal: la esperanza era cambiar el regalo mediocre por una colección de juguetes y una sala nueva; pero tenía sus riesgos: la desventaja estaba en que quizá se cambiaría el regalo original por una bolsa de cacahuates.
Los ciudadanos de Aguascalientes merecemos conocer cuáles son las opciones, qué criterios se usan para calificarlas, y cómo se pretende elegir. El servicio de agua potable es el bien común más importante para los hidrocálidos: como tal, merece una elección informada y una deliberación pública, y no una participación en la catafixia.
(*) Jaime Sainz (@JaimeSainzS) es director de la sede Región Centro del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
