Los adelantos que a lo largo de los últimos años se han tenido en materia de derechos de acceso a la información por lo menos en lo referente a la legislación han permitido logros importantes en la vida democrática del país.
El desarrollo de estos derechos son tales que otro logro que se ha venido dando a través de la presión ejercida por organizaciones no gubernamentales y cámaras empresariales es la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual debe de replicarse en las entidades federativas a través de sistemas locales por mandato constitucional.
La legislatura local aprobó la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes que contiene todo lo relacionado para la creación y operación del sistema.
Hasta aquí la cosa va bien, por lo menos en el papel. En los hechos el Comité de Participación Ciudadana debió haberse instalado hace tres meses, situación a cargo de una comisión de selección, un grupo de 9 personas notables extraídos de la sociedad civil y de instituciones académicas y nombrados por la Comisión Legislativa de Postulaciones del Congreso del Estado. Esta comisión de selección integrada por: Julio César Martínez Romo, Oscar Jesús Martínez García, Miguel Ángel Nájera Herrera (Quien fungió como secretario general del Congreso del Estado durante las dos legislaturas anteriores con mayoría priista) , Ricardo Alejandro Hernández Ramos, Jorge Humberto Yzar Domínguez, Marco Antonio Galindo Madrigal, Ana Susana López de la Parra, Elías Acosta Rodríguez y Enrique Lemus Méndez. Quienes no han emitido aún la convocatoria para la integración del Comité de Participación Ciudadana, pieza clave para el funcionamiento del Sistema.
La explicación de que este tipo de situaciones ocurran se debe sobre todo a la falta de voluntad política, ya que las y los políticos mexicanos tienen como mal congénito la repulsión a la transparencia y a la rendición de cuentas. Para muestra un botón, en julio de este año el gobernador Martín Orozco Sandoval mencionó ante los medios de comunicación que el Sistema Estatal Anticorrupción “es un sistema que generará burocracia, estamos cayendo en la parte legislativa en crear instituciones para ir cerrándole el camino a la corrupción, pero también estamos desviando muchos recursos legales para gastar en burocracia, en operatividad, en un tortuguismo operativo de los gobiernos por temas de transparencia cuando en realidad sólo basta hacer las cosas con ética, el Sistema Anticorrupción va a generar burocracia y un gasto fuerte” (https://goo.gl/dssqnR).
El gobernador muestra en esta declaración el mal congénito al que me refiero, pues deja al albedrío de los políticos la responsabilidad de rendir cuentas a la ciudadanía que le confirió el cargo.
Pero no todo es responsabilidad de los titulares de los Poderes ejecutivos, ya sea en el ámbito federal, estatal o municipal; el sistema que han creado los políticos a su conveniencia por la tradicional absolutista del presidencialismo mexicano ha permitido que los diputados en su carácter de representantes populares se deslinden de la responsabilidad política que les corresponde. Pues en el caso que nos ocupa no es suficiente que hayan integrado la comisión de selección, sino que deben velar porque la ley que ellos mismos crearon sea puesta en marcha.
Un igual grado de culpa lo tienen las instituciones encargadas de crear ciudadanía como el Instituto Transparencia del Estado de Aguascalientes, cuyos comisionados han nadado de muertito durante su periodo de responsabilidad y siendo incapaces siquiera de difundir y dar conocer a los ciudadanos el derecho humano al acceso a la información.
Por el momento sólo queda esperar a que se emita la convocatoria para integrar el Comité de Participación Ciudadana, que los legisladores incluyan en el presupuesto del siguiente año los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema local anticorrupción y que los políticos se den cuenta que la manera de hacer política y de administrar el Estado tienen que ser de frente a los ciudadanos.
