- La modificación pretende agilizar la resolución de las denuncias y resguardar a los denunciantes
- En 2017, once casos llegaron a la Comisión de Erradicación de la Violencia Laboral de los cuales ninguno ha tenido resolución
En febrero podría discutirse en el Cabildo de Aguascalientes la modificación al Reglamento de Erradicación de la Violencia Laboral que buscaría agilizar los trámites y resguardar a quien denuncie actos vejatorios dentro de las oficinas del municipio; tan sólo en 2017, once casos fueron recibidos por dicha comisión que aún no han tenido una resolución.
Luego de la instalación de la Comisión de Erradicación de la Violencia Laboral a principios de agosto de 2017 se propuso una modificación al Reglamento de Erradicación de Violencia Laboral que ha sido turnado a la Secretaría del Ayuntamiento para que la integre a una sesión del Cabildo, lo cual podría ocurrir hasta la sesión ordinaria de febrero.
Las modificaciones al reglamento, explicó la presidente de la Comisión de Equidad, Jennifer Parra Salas, tienen el propósito de agilizar la atención de los casos de acoso laboral que puedan ocurrir en las oficinas del municipio como la eliminación de pruebas por parte de la víctima que denuncie este tipo de agresiones debido a que actualmente necesitan por obligación presentar pruebas y testigos para que pueda existir por lo menos un resguardo, “Obviamente quien sea víctima también tendrá que acudir a un examen sicológico”.
Tan sólo en 2017, recordó Parra Salas, la Comisión de Erradicación de la Violencia Laboral registró un total de once casos de los cuales ocho están relacionados con hostigamiento laboral, dos con hostigamiento sexual y uno más no determinado pero sí prescrito.
La regidora lamentó que estos casos deberán ser tratados con el reglamento actual dado que la ley no es retroactiva, además de que se desconoce si el Cabildo aprobará los cambios al reglamento, “Los que entraron hasta ahorita que se tienen en los expedientes se tratarán con el reglamento anterior”.
Por lo tanto, aceptó Parra Salas, estos casos han tenido una lenta resolución dado lo burocrático que ha sido el proceso, “Para recabar las pruebas se tardan mucho, por ejemplo para que a mí me manden el expediente son muy lentos”.
Lo peor, añadió la regidora, es que mientras que estos procesos se siguen, las víctimas se ven obligadas a trabajar con su victimario, por lo tanto también es necesaria la modificación de las medidas cautelares para que mientras se lleve a cabo el proceso las víctimas puedan ser removidas a otro centro de trabajo dentro de la administración municipal o dependiendo de la situación puede ser el supuesto acosador quien se cambie, lo cual ya está contemplado en las propuestas de modificación.
