- En los años previos a elecciones presidenciales, el estado fue castigado por la Secretaría de Hacienda con recortes al presupuesto del Ramo 23, según un estudio de México Evalúa
- El año pasado, Aguascalientes fue la tercera entidad que menos recursos recibió procedentes de esta bolsa
- Por su discrecionalidad, esta caja negra del presupuesto sirve como herramienta de control político
Por contar con gobernantes de oposición, el Gobierno Federal castigó presupuestalmente a Aguascalientes en 2011 y 2017 -años preelectorales- con pocos recursos del Ramo 23, una bolsa presupuestal de gasto no vigilado que por su discrecionalidad sirve como herramienta de control político para premiar o castigar a gobiernos locales.
De acuerdo con el estudio Arquitectura del Ramo 23, elaborado por la organización México Evalúa, en 2011, último año de la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) Aguascalientes, entonces gobernado por el priista Carlos Lozano de la Torre (2011-2016), ocupó el lugar 15 en la asignación de recursos de dicho rubro del gasto -también llamado Provisiones Salariales y Económicas- con 298 millones de pesos, la mitad del promedio nacional, de 452 millones.
En ese año los estados que más dinero recibieron a manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entonces a cargo de Ernesto Cordero, fueron Sonora (PAN), Guanajuato (PAN), Chiapas (PRD) y Baja California Sur (PAN).
En total, la administración de Calderón destinó ocho mil 80 millones de pesos a los estados gobernados por el PAN y tres mil 849 millones a los gobernados por el PRI.
Sin embargo, la desventaja se hizo aún mayor en 2017, primer año de mandato del panista Martín Orozco Sandoval, cuando Aguascalientes cayó al lugar 30 en la recepción de recursos del Ramo 23 por parte del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, con 535 millones de pesos, solamente por arriba de Tlaxcala (PRI) y Chihuahua (PAN).
El promedio entregado al resto de los estados por la SHCP, con José Antonio Meade al frente, fue de mil 830 millones de pesos y los que más dinero obtuvieron fueron el Estado de de México (PRI), Michoacán (PRD), Guerrero (PRI) y Ciudad de México (PRD).
En suma, la gestión de Peña Nieto entregó cerca de 36 mil 300 millones de pesos a los gobernadores del PRI, y 11 mil 738 millones a los del PAN.
Al analizar la entrega de transferencias discrecionales del Ramo 23 a los gobiernos estatales, México Evalúa encontró similitudes en las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en años previos a elecciones presidenciales (2011 y 2017): “El monto promedio de transferencia se incrementa a los gobiernos estatales del mismo partido con respecto al monto promedio observado en otros años. Y el monto promedio de transferencia a los gobiernos estatales de los partidos de oposición disminuye”.
“En el caso del Gobierno Federal panista, esto ocurrió más en las transferencias a los gobiernos emanados del PRI, lo cual coincide con una etapa en la que encuestas ya registraban mayores probabilidades de triunfo para el candidato de ese partido”.
“En el caso del actual gobierno priista, se observó que el recorte al gasto de 2017 en estos programas afectó principalmente a los gobiernos estatales cuyos gobernadores eran emanados del PAN”, detalla el análisis publicado el 27 de febrero.
Año con año, el Congreso de la Unión aprueba en un presupuesto de egresos de la Federación que no contempla el Ramo 23, una caja negra millonaria de dinero que se distribuye a criterio exclusivo de la SHCP, sin reglas de operación, sin diseño y sin normatividad.
La entrega de recursos se efectúa por medio de convenios que dicha dependencia define y los cuáles en su mayoría no son publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Los programas que integran el Ramo 23 son: Contingencias Económicas, Fondo de Fortalecimiento Financiero (Fortafin) y Programas Regionales, mismos que concentraron más del 80 por ciento del sobrejercicio en subsidios a entidades federativas y municipios entre 2013 y 2017.
“El problema de la discrecionalidad de los programas de subsidios del Ramo 23 no radica sólo en la gran cantidad de recursos federales transferidos sin reglas de operación, sino en la falta de transparencia sobre su destino al aprobarse el presupuesto”.
