Hoy se cumple la primera semana en el cargo de la administración gubernamental federal, producto del proceso electoral más grande en la historia reciente de México. Relevante por sí mismo, el revuelo que ha causado, en todos los sentidos, ha magnificado algunos temas de análisis en detrimento de otros, dentro de lo que es ya la tercera transición de poder ejecutivo federal luego de los procesos electorales ciudadanizados, a partir de 1991.
Quien crea que con esta transición se ha concluido el proceso democrático, está en un error de origen. Siendo honestos jamás llegaremos a considerar que el producto democrático se encuentra terminado, como si de una factoría se tratara. De igual manera, son erróneas las voces que se alzan asegurando que, tras esta elección, las condiciones surgieron para dar por inaugurada la democracia en el país.
El llegar hasta donde estamos, ha sido fruto de una transformación social y de las instituciones, administrativas y jurisdiccionales, basadas en las reformas a la normatividad. Es decir, nos ha tomado poco más de treinta años en generar las condiciones de fortalecer esa democracia en ciernes, producto de las movilizaciones sociales de los 60, la reforma del estado en los 70 y, el punto de quiebre que significó la elección presidencial, de finales de los 80.
Este año electoral que ha concluido con la ceremonia de transmisión del poder ejecutivo del titular anterior al actual, nos ha dejado percibir la solidez de las instituciones que conforman el sistema electoral, tanto las que organizan administrativamente las elecciones, como las que sancionan judicialmente y las persecutoras de los delitos, cuyos procedimientos cada vez se encuentran mejor definidos para cumplir con el objetivo primigenio de permitir que una persona acuda a una urna, emita un voto y este sea contabilizado de manera correcta.
Sin embargo, los avances no cesan. Tras cada elección, una vez concluida la transición gubernamental (con alternancia partidista en el poder o sin ella) tradicionalmente ha sobrevenido una reforma electoral que, al modificar ley, procedimiento e institución, las va fortaleciendo. Al menos hasta ahora esa ha sido la percepción.
¿Cuál es el futuro de nuestra democracia? Como en todo proceso infinito, tras el resultado se hace necesario un nuevo diagnóstico que nos permita posicionarnos a fin de tomar las decisiones que resulten adecuadas. Ese continuo fortalecimiento a la democracia debe iniciar por robustecer su base, esto es, la legislación donde encuentra sustento la institución administrativa o jurisdiccional, según sea el caso. Las legislaturas actuales deben configurar mecanismos para lograr consolidar estructuralmente su independencia del poder público, preferentemente bajo un código de comportamiento ético que, si no excluye totalmente los cuestionamientos, permita los mínimos posibles. En una idea: debemos procurar disposiciones jurídicas que permitan claridad en la actuación de los actuantes en el proceso electoral y que son quienes deben acatar las reglas (partidos, ciudadanos, candidatos independientes y demás), y que dichas normas se perfeccionen, en su caso, con sanciones adecuadas a su transgresión.
Cualquier herramienta que abone a permitir condiciones de confianza y certeza es bienvenida, y una de ellas es la transparencia con la que se debe actuar en las elecciones. No hay que olvidar que desde 2007, se consagra legalmente como uno de los principios de actuación de la autoridad la máxima publicidad, por lo que debemos, como instituciones tanto como ciudadanos, generar y aprovechar la estructura necesaria para que, no solamente se promueva, sino que se garantice el acceso a una rendición permanente de cuentas, fomentando con ello una cultura cívica participativa, cuyo desempeño se vea reflejado de manera positiva en la percepción que tiene la ciudadanía sobre la política.
Menciono lo anterior a raíz del evento que hoy concluye, sobre la cultura de la transparencia, ciudadanía participativa y gobiernos proactivos organizado por el Ayuntamiento de la capital del estado, donde se refleja que la transparencia se ha posicionado en varios ámbitos, incluido el electoral, como la herramienta principal con la que cuenta la ciudadanía para participar de manera activa en la consolidación del sistema democrático de manera permanente. Es cierto que el voto es el ejercicio del derecho subjetivo electoral por excelencia, pero también lo es que la participación se da, regularmente, tras un periodo de tres años de espera.
Sin embargo, algo falta. El ciudadano no se ha dado cuenta que tiene un canal de comunicación directa con los organismos públicos, en el ejemplo con el encargado de la organización de la elección, a través del portal digital que permite requerir de información a la autoridad. Lo vimos en el proceso que concluyó donde fueron recurrentes el rumor, la especulación, la noticia falsa, el chisme como el primer lugar en allegarse del dato, en lugar de acudir a la fuente originaria de la información.
Hacia allá debemos avanzar, a mejorar nuestra democracia desde raíz, a efecto de transitar de una democracia meramente electiva de un día de participación, a una democracia participativa, constante y con conocimiento de causa. Ese debe ser el futuro de la democracia.
/LanderosIEE | @LanderosIEE
