• El Ejecutivo fue omiso ante la solicitud de información de la CNDH realizada en 2016, por lo que no figura en el Informe sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
• Apenas es público el número de personas con discapacidad en Aguascalientes y si son adultos mayores

El Gobierno del Estado fue omiso ante la solicitud de información realizada en 2016 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para conocer el nivel de cumplimiento y aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en el país junto con otros tres estados, por lo que Aguascalientes no figura en el Informe Especial sobre el Estado que Guarda los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, presentado en diciembre de 2018 para todo el país.

El 4 de diciembre de 2018 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el Informe Especial sobre el Estado que Guarda los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en las Entidades Federativas del País.

El objetivo del informe era el de visibilizar el nivel de cumplimiento y aplicación de la CDPD en el país, información que habría sido recabada mediante un cuestionario que fue enviado a los titulares del Poder Ejecutivo de cada una de las 32 entidades federativas.

En total se esperaban 800 respuestas recabadas de los 32 estados, sin embargo, solamente se obtuvieron 541 respuestas, es decir el 67.7por ciento del total esperado, pues no hubo colaboración de cuatro estados: Aguascalientes, Durango, Jalisco y Nayarit, los cuales, fueron omisos ante los requerimientos de información de la CNDH; en ese momento el Ejecutivo estatal era Carlos Lozano de la Torre.

Entre los temas en los que se buscaba profundizar estaban la armonización legislativa con la CDPD, asignación presupuestal para la atención de la discapacidad, mecanismos de consulta ciudadana, toma de conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad, mujeres con discapacidad, niñas y niños con discapacidad, igualdad y no discriminación, accesibilidad, acceso a la información, igual reconocimiento como persona ante la ley, acceso a la justicia, protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, derecho a tener un nombre o nacionalidad, derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad, respeto al hogar y la familia, educación, salud, rehabilitación, trabajo y empleo, protección social, participación en la vida cultural, actividades recreativas, esparcimiento y deporte, situaciones de riesgo y emergencias humanitarias.

Aunque Aguascalientes no cuenta con una institución o dependencia estatal que se encargue de manera exclusiva de las necesidades de la población que vive con algún tipo de discapacidad, en otros estados donde tampoco cuentan con un organismo como estos respondieron los congresos locales, los poderes judiciales, los sistemas de Desarrollo Integral de la Familia y las secretarías de salud, entre otras instancias; solamente seis entidades cuentan con un instituto de discapacidad: Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Tlaxcala y Zacatecas.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2014 el 6.4 por ciento de las personas del país vivían con algún tipo de discapacidad, es decir, siete millones 65 mil mexicanos, de los cuales el 52 por ciento tenían más de 60 años, siendo la discapacidad motriz la que más se reportó en términos generales con un 38.5 por ciento.

Según información del Inegi, el 3.83 por ciento del total de la población del municipio capital presenta algún tipo de discapacidad, lo que representa alrededor de 30 mil 500 personas, y a decir del exalcalde de la capital, Juan Antonio Martín del Campo, para 2016 en el estado había 49 mil 226 personas con discapacidad, cifra que coincide con datos dados a conocer en 2018 por Teresa Guadalupe Medina Macías, directora de Servicios Médicos del DIF estatal. 

Según la consejera general del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Paola Ravel Cuevas, en Aguascalientes las personas con alguna discapacidad son receptoras de varios actos de discriminación o exclusión, lo que significa que su participación en la sociedad se ve mermada aunque además de que tampoco se garantizan sus derechos político-electorales por lo que es necesario que la autoridad ofrezca todas las facilidades y la accesibilidad.

Además, como se puede leer en la nota “Evalúa INE cuota de participación de personas con discapacidad para partidos”, publicada el 3 de marzo por La Jornada Aguascalientes y escrita por Claudia Rodríguez Loera, sería adecuado que este sector poblacional tuviera representatividad política, según la consejera: “Yo creo que tenemos mucho por hacer, yo creo que en lo que podríamos ir pensando es en una cuota para que los partidos políticos postulen a una persona con discapacidad que velen por sus derechos e intereses en los órganos de representación”.