Después de los sendos ataques que el presidente y su corte de zalameros y bufones han propinado a los expertos, a los científicos y a los técnicos, cabría preguntarse cuál es la ideología detrás del grupo que ha iniciado los agrios enfrentamientos. Primero habría que ser caritativos y tratar de reconstruir de la manera más racional y coherente posible la narrativa del grupo en el poder, y luego hacer un análisis y una evaluación de ésta.
En primer lugar, pienso que, si intentamos reconstruir la ideología del grupo en el poder, ésta escapa a nuestras coordenadas ideológicas habituales. Este gobierno presume ser de izquierda, sin embargo muchas de sus acciones en sus primeros siete meses de gobierno podrían considerarse excesos de derecha: las políticas de austeridad, las cuales han afectado a sectores sensibles para la izquierda, como la salud; su hostilidad con respecto a una reforma fiscal y al alza y creación de nuevos impuestos; el adelgazamiento de la burocracia y el consecuente decrecimiento del Estado; su coqueteo con las iglesias, en particular con las evangélicas; y su ataque al laicismo mexicano, al confundir la moral con la política. En otros casos, el gobierno sí muestra una mentalidad de izquierda: su interés por la desigualdad y la pobreza, y su lucha por separar el poder político del económico. No obstante, a menos que consideremos a este gobierno como un paciente esquizoide, requerimos coordenadas adicionales.
Este gobierno podría también considerarse conservador, en contra de su propia autoevaluación: no es un gobierno al que parezca importarle una ampliación progresiva de nuestro esquema de derechos y libertades, dado que la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario y la regulación definitiva del consumo de algunas drogas no figuran entre sus prioridades (sí en las de la secretaria de Gobernación, pero al parecer sólo son prioridades de una persona y algunos de sus cercanos). Pero, por otra parte, parece un gobierno francamente revolucionario (transformador, preferirían ellos): en pocos meses han liquidado algunas instituciones que tardamos décadas en consolidar, y han comenzado a debilitar otras que parecen tener sus días contados. Por mi parte, en más de una ocasión he expresado públicamente que este gobierno me parece una especie de izquierda conservadora, comunitarista al menos, cercana a los principios de la teología de la liberación, en la cual, sobre todas las etiquetas, lo que se busca es hiperpolitizar la vida pública.
Las decisiones más cuestionables de la actual administración nos llevan a pensar que el presidente no busca plasmar de manera efectiva su particular visión de México, sino seguir en una interminable campaña electoral. Muchas personas, pienso, coincidimos con los trazos gruesos del boceto que el presidente lleva presentando a la población durante dieciocho años: el problema central de nuestro país es la pobreza, la cual afecta a más de 50 millones de mexicanas y mexicanos; un problema paralelo, el de las múltiples desigualdades, incrementa la pobreza y atenta contra la esencia de la democracia; es necesario separar el poder político del económico, cuya mezcla genera corrupción, ineficacia, desigualdad, y mina también algunos principios básicos de la democracia. Este rudo boceto, de una izquierda progresista, está siendo completado, pienso, no con la pericia de los científicos y los técnicos, sino con el discurso burdo y simplón de la plaza pública. El presidente no ha logrado dar el salto de la campaña al gobierno, con lo cual sigue considerando que su papel es la política y no la ejecución, el de las caricaturas y no el de las fotografías en alta definición, el de “mis datos” contra los datos, el de la denostación y no el del respeto a la pluralidad. Para el presidente todo es política y todo se agota en ella.
La cancelación del NAIM respondió a un asunto político (simbólico, sugirieron sus maromeros) de separar el poder político del económico, a pesar de que los datos y la evidencia no respaldaban su decisión. Pudo hacer lo mismo apoyando una reforma que terminara con el pacto fiscal imperante, que sólo beneficia a unos cuantos, y que respondía a lo que sus técnicos allegados le sugerían. No lo hizo y se deshizo de quienes le contrariaron. Con el Tren Maya sucedió casi lo mismo. Con Dos Bocas, casi lo mismo. Con la ley de austeridad, lo mismo o peor.
Nos debería empezar a quedar claro que este presidente considera que puede gobernar cinco años más sin atender a una sola restricción: a la verdad, a los datos, a la evidencia, a la eficacia. Porque para Andrés Manuel López Obrador lo verdaderamente relevante es el aplauso popular. Y puede hacerlo si todo es sólo y nada más un asunto político: él es, como mencionó Urzúa en su renuncia, el mejor político mexicano vivo. Frente a él cualquier político palidece y la oposición se desarticula. Es un maestro de la plaza pública y un evaluador sin igual de las emociones populares. Pero no es un estadista y mucho menos un buen gobernante. No ha logrado, y temo que no logrará, implementar su idea de un México más justo, menos desigual y más próspero. Y no lo logrará porque para ello necesita buenos pintores que afinen los gruesos y torpes detalles de su boceto: mujeres y hombres de ciencia y técnica, artífices del diseño y la implementación de ideas vagas y, quizá, bienintencionadas. ¿Es posible corregir el rumbo? No lo creo, no a menos de que el presidente entienda que no todo se trata sólo y únicamente de política.
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