Desde la Confederación Regional Obrera Mexicana hemos expuesto reiteradamente nuestro rechazo rotundo al modelo de outsourcing nocivo que manejan muchos centros de trabajo, pues afectan -gravemente- los derechos laborales de las personas y además es un espacio fácil para la delincuencia organizada sobre el lavado de dinero.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió un comunicado en donde presumió haberse firmado un convenio de intercambio de información con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para “combatir casos de lavado de dinero en los outsourcing nocivos”.
Al igual que nosotros, esta institución considera que el modelo de outsourcing nocivo “es una actividad vulnerable” ya que no se declara fiscalmente la totalidad de los recursos que entregan finalmente a las y los trabajadores.
El comunicado dice textual: “Con el intercambio de información se podrá detectar quiénes utilizan estos esquemas, cuánto dinero circula a través de ellos, y se pueda investigar si los recursos que se hacen llegar a los trabajadores se declaran fiscalmente en su totalidad, combatiendo así un posible delito de lavado de dinero”.
Como líder cromista celebro que dos instituciones de esta naturaleza se unan y combatan -por fin- el mal uso del modelo de subcontratación porque por años han afectado a miles de familias mexicanas sobrepasando las leyes y normas laborales. Este acuerdo también busca mejorar y diseñar estrategias más eficientes para la fiscalización y combate a la corrupción, siguiendo la línea del Gobierno Federal a fin de aportar a la coordinación interinstitucional.
Este acuerdo compromete a ambas partes a proporcionar reportes de inteligencia que contengan información derivada de los avisos respecto de actos u operaciones que deben presentar los sujetos obligados, relacionada con los patrones, trabajadores, así como las personas físicas y morales. Con lo cual se pretende detectar con mayor exactitud, hechos de corrupción en el servicio público o privado que tenga que ver con algún servidor público. Ello mediante la conformación de grupos de trabajo con unidades administrativas especializadas en cada área que se trate.
Es momento de que estos abusos paren y sean castigados como la ley manda porque no pararemos de recordar que el Artículo 4 Constitucional establece el derecho a la seguridad social, a vivienda digna, alimentación nutritiva, esparcimiento, cultura y a tener un trabajo útil. Entonces el outsourcing nocivo distorsiona todo modelo laboral y se vuelve una figura perversa, nuestro secretario general, Rodolfo González Guzmán, lo ha expuesto siempre, la subcontratación precariza las condiciones de las y los trabajadores, viola el derecho a la seguridad social, a la vivienda, a una pensión posible para todos, es decir, violenta todo lo fundamentado en nuestra Carta Magna.
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