El problema es que la enfermedad de la corrupción es rápida y contagiosa, mientras el antídoto es lento y a profundidad. Las acciones deben ser compartidas entre el poder y los ciudadanos; las actitudes son el ejemplo.
Edmundo González Llaca
Estimados Amigos invisibles, en agosto pasado de los corrientes titulé la columna Sistema Nacional Anticorrupción: Versión Final de Formatos de Declaraciones, hablé sobre los formatos de declaraciones de situación patrimonial y de intereses, así como las normas e instructivo para su llenado y presentación, después de un largo estudio y análisis el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Como ya le he mencionado en varias ocasiones, el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que para los efectos de las responsabilidades se nombran como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. En este sentido la Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer, entre otras, las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y sus obligaciones. Uno de los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción, es contar con información sistematizada sobre la evolución patrimonial y los intereses de los servidores públicos, en estricta observancia a los dispositivos constitucionales y legales en la materia.
Según el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que se encuentran obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante la Secretaría de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal y sus homólogos en las entidades federativas o su respectivo Órgano Interno de Control, todos los servidores públicos. El responsable de emitir las normas y los formatos impresos; de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales todos los servidores públicos deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, así como los manuales e instructivos para su llenado es el Comité Coordinador a propuesta del Comité de Participación Ciudadana (órganos del Sistema Nacional Anticorrupción)
Ante la gran complejidad que representará -por lo pronto- el llenado de dichos formatos, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia (Sesna, por sus siglas) “se ha echado a los hombros” la gran responsabilidad y tarea que representa esta actividad para que todas y todos los servidores públicos cumplan en esta obligación para el próximo mes de mayo de 2020.
Aunque estamos en espera de la publicación de dichos formatos en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Sesna impartió el Taller de Actualización de los Formatos de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses para reporteros que cubren las actividades del Sistema. Dicho taller fue transmitido por videoconferencia a 19 de las secretarías ejecutivas de los sistemas estatales anticorrupción -incluido Aguascalientes, esperemos hayan hecho extensivo dicho curso para las y los periodistas que cubren la fuente en nuestro estado-. Su objetivo fue el brindar los elementos técnicos necesario para realizar las coberturas informativas respecto del tema de los formatos de declaración patrimonial y de intereses, mismos que en próximas fechas serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.
En el Taller dan a conocer lo siguiente:
La información que deberá declararse en Situación Patrimonial: Datos generales, domicilio del declarante, datos curriculares del declarante, datos del empleo, cargo o comisión; experiencia laboral, datos de la pareja, ingresos netos del declarante, pareja y/o dependientes económicos, bienes inmuebles, vehículos, bienes muebles, entre otros.
La información que deberá declararse en Conflicto de Interés: Participación en empresas, sociedades o asociaciones, apoyos o beneficios públicos, representación, clientes principales, beneficios privados, fideicomisos, entre otros.
¿Cuándo entran en vigor las modificaciones? Al día siguiente de su publicación en el DOF. Dichos formatos serán utilizados por las y los servidores públicos de manera obligatoria una vez que se encuentren técnicamente operables, es decir, a más tardar el 31 de diciembre de 2019.
¿Cuántos formatos son? Son 3, Inicio, Modificación y Conclusión. Serán llenados de acuerdo al cargo de la o el servidor público. A partir de Jefe de Departamento u homólogo en jerarquía vertical, llenarán la totalidad del formato correspondiente. Del nivel menor a jefe de departamento solo deberán llenar la versión reducida de la declaración.
¿Qué información será pública? Los datos personales del declarante e información de terceros serán de carácter Confidencial. Será de carácter Reservada, la información que clasifique el Comité de Transparencia cuando su publicidad ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de la persona.
Le comparto la presentación de Taller, la puede encontrar en la siguiente liga: https://bit.ly/2lTWXhD
Estas modificaciones serán aplicadas también en nuestro estado en cuanto sean publicadas dichas modificaciones -o antes, ya ve que nuestra Sesea va de avanzada- en el DOF, ahora sí, todos -sí, escuchó bien, TOD@S las y los servidores públicos-, no importando el nivel jerárquico. La Secretaria Ejecutiva Local debería replicar este Taller no sólo a periodistas, sino para los órganos internos de control de los sujetos obligados.
Esperemos que para el primer trimestre del 2019 se presente un avance importante de estos formatos de las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses a nivel local, así como la propuesta de la Plataforma Digital la cual permita la interoperabilidad de los sistemas de evolución patrimonial y de intereses de los servidores públicos en el estado, además del sistema de denuncia ciudadana en contra de actos de corrupción.
Al tiempo…
Ya sabe, alguien lo tiene que decir. Para no dejar que unos lo hagan y otros lo permitamos.
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