La empresa Nissan Mexicana tendrá que mejorar sus prácticas empresariales y hacerlas con mayor ética, ya que no es posible que uno de los consorcios más importantes en el ámbito mundial en el ramo automotriz, dependa de apoyos del gobierno como quedó evidenciado en la investigación periodística publicada esta semana en la revista Proceso.
Jesús Enrique Ramírez Pérez, líder de la CROM, destacó que, en el periodo en que Nissan recibió los apoyos que da cuenta las periodistas Mónica Cerbón y Jennifer González, es decir, del 2012 al 2018, la empresa otorgó cantidades irreales por concepto de reparto de utilidades.
Uno de los argumentos que los trabajadores señalaron que la empresa usó para reducir el monto de este derecho es que, al estar en crecimiento, necesitaban destinar fuertes cantidades para construir la planta A2.
El líder obrero señaló que, en promedio, cada trabajador recibió como reparto de utilidades las siguientes sumas: en 2012, $13,427; en 2013, $19,293; en 2014, $11,603; en 2015, $33,340; en 2016, $47,350; en 2017, $37,300 y en 2018, 12,089 pesos.
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