A la exteriorización de una forma de pensar, como derecho para desarrollar libremente la personalidad, se le llama libertad de expresión. Pero, como todo derecho, tiene límites, pues no debe ejercerse absolutamente y sin restricciones. Siempre un derecho individual está limitado por los derechos de los demás; por ello, las normas funcionan como un freno a la actividad del Estado, que no debe restringir arbitrariamente la libertad de expresión, salvo en los casos en que la propia comunidad considera hacerlo, lo que se refleja en la Constitución y el Derecho Internacional.
La libertad de expresión permite al individuo expresar, difundir y publicar sus ideas por cualquier medio (escritura, sonido, imagen, etc.), y forma parte de una de las características esenciales de todo régimen de gobierno democrático, ya que propicia el pluralismo político e ideológico, y además permite que la sociedad cuente con información que permita fomentar su desarrollo y evolución a través de un debate democrático.
Lo anterior busca impedir a la autoridad que imponga sanciones por la sola circunstancia de expresar ideas, pero también otorgar responsabilidad al que las expresa si de ellas derivan consecuencias indebidas, sobre todo cuando quienes las emiten tienen una influencia o poder de carácter ideológico, directivo o formativo, porque en estos casos, los símbolos son expresiones de una ideología que buscan influir en los receptores, y que el proceso de comunicación generen una reacción; así, a través de la información que dan a las personas, éstas se van forma en criterios y actúan en consecuencia, por lo que se debe ser extremadamente responsable en las expresiones que se emiten amparadas bajo éste derecho.
En el prólogo de la obra “Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo”, de Pascual Serrano, publicado en Barcelona en el año 2009, se dice que “la comunicación, tal como la conciben los medios dominantes en prensa, radio, televisión e internet, tiene como función principal convencer al conjunto de las poblaciones de su adhesión a las ideas de las clases dominantes; y de votar por aquellas o aquellos que estén dispuestos a llevarlas a la práctica”. En este contexto, la libertad de expresión por medios de comunicación no está protegida ni puede defenderse como derecho cuando se afectan a terceras personas al exponérseles a amenazas, injurias, calumnias, coacciones, o inciten a la violencia o al odio contra ellas, como ya lo ha establecido la propia Suprema Corte mexicana, y los organismos y Tribunales Internacionales en materia de Derechos Humanos.
Por ello, los límites a nuestra libertad de expresión se reflejan, primero, en una obligación de abstenerse de restringir legal y socialmente a alguna persona, organización o medio por la sola manifestación de sus ideas, pero, segundo, siempre y cuando no hayan dado motivo jurídico para hacerlo. Cierto es que las personas tienen derecho a ejercer su libertad de expresión y exteriorizar un mensaje o contenido; y a su vez la sociedad tiene el derecho a la información, pero esto implica contar con datos adecuados para favorecer al libre desarrollo de la personalidad y generar un debate democrático útil para la vida de la comunidad, y no otro que genere división y pueda ser factor para incrementar la violencia. La expresión tiene que ayudar a evolucionar, a ampliar derechos y a respetar los ya reconocidos, no a limitarlos, restringirlos ni desecharlos.
Estos límites se dan pues ha sido tomado en cuenta que algunos medios tienen la importante función de dar información que la sociedad necesita para formar conciencia y decidir sus actividades; por lo cual, no se puede agredir, insultar, discriminar, vejar o incitar al odio, escudándose en la libertad de expresión, pues ésta se traduce en honestidad, informar objetivamente, divulgar criterios y opiniones propias con respeto a los derechos humanos, actuar con responsabilidad y sentido ético, y contribuir a formar opinión sobre temas sociales, edificando la paz y respeto humanos, parafraseando al constitucionalista Jorge Carpizo.
