Visibles en la crisis, invisibles en la normalidad/ Mareas lejanas  - LJA Aguascalientes
03/02/2023

“Hay que invertir más en educación, esa es la clave del progreso”. Esta es una de las frases que más resuenan en las conversaciones sobre cómo mejorar a nuestro país, sin embargo, poco o nada se han percatado de cómo el sistema educativo mexicano ha abandonado a ciertos sectores de la población, quienes han tenido que salir adelante con pocos recursos y son a quienes dicha frase debería enfocarse.

Desde que se redactó la Constitución de 1917, el artículo 3° constitucional establece que el Estado se encargará de impartir la educación pública, la cual deberá ser laica y gratuita para todos los mexicanos. Con el paso de los años, dicho artículo ha ido reformándose y especificando lo que la política educativa mexicana debía abarcar (educación básica, media y superior).

Sin embargo, no porque se integren derechos fundamentales a la constitución, estos se garantizarán por sí solos, sino que requieren de años de esfuerzo político, administrativo y ciudadano para que se puedan hacer realidad. Un ejemplo de esto sucedió en 1959, cuando el entonces presidente Adolfo López Mateos impulsó la creación del Consejo Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), con la finalidad de proveer de libros gratuitos a las niñas y niños de todo el país en cada inicio de ciclo escolar. Hasta la fecha, dicha labor ha sido un apoyo vital para la educación básica en todas las regiones de México.

Otro ejemplo fue el proceso de descentralización de la educación pública, que se dio en 1992 durante el sexenio de Salinas de Gortari a través de un Acuerdo en el cual se le transfiere las facultades de Coordinación de la Educación Básica y los Servicios Educativos a las Entidades Federativas, en la cual el gobierno federal (con aprobación del SNTE) le entregaría las atribuciones de gestionar las escuelas y la operación de las instituciones de educación a los Estados; al mismo tiempo, se delegó la responsabilidad presupuestaria a la SEP, quien se encargará de proveer los recursos necesarios para el pago de la nómina docente, pagar los servicios de las escuelas, su mantenimiento y de brindar los programas de mejoras a la educación pública a nivel nacional.

Cada una de las acciones anteriores trae consigo nuevos retos para la administración pública, sobre todo en el tema presupuestal. Según la Ley de Egresos de la Federación para el año 2020, el Congreso de la Unión le destina a la SEP aproximadamente 326 mil millones de pesos, lo que equivale al 5.3% del gasto neto total del Presupuesto Público. Esto nos indica que se invierte de forma considerable en la educación, pero aún así no es suficiente.

Existen 216,564 escuelas públicas en todo el país, donde 198,731 son de educación básica. Si se analizan las tasas netas de escolarización de la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 2018-19, se ha logrado tener una cobertura del 93.4% en educación básica. Esto quiere decir que estamos cerca de cumplir con el objetivo de asegurar el nivel básico de educación en todo el país.

Por otro lado, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en su último reporte del 2018, señala que la educación primaria tiene una tasa neta de escolarización del 98.4%, la educación prescolar del 75.5% y en educación secundaria de 84.5%. La tarea de completar la tasa de escolarización aún sigue en pie y debe ser una de las prioridades de nuestros gobiernos (federal, estatal y municipal).

Aquí nace la cuestión, ya que al analizar cómo se logra la escolarización, debemos dimensionar que no todas las escuelas son iguales ¿por qué? Primero, es necesario entender que la Federación aporta casi el 80% del presupuesto en materia educativa, mientras que el 20% restante lo cubren los Estados y los Municipios (como un tema de materias concurrentes, prevista en el artículo 73 fracción XXV de la constitución). En otras palabras, hay una dependencia presupuestal con la federación en materia educativa, lo que lleva a que el resto de las responsabilidades de las entidades federativas y sus municipios sean variadas y específicas (en teoría, por el contexto y la capacidad de tributar).

De aquí vienen las desigualdades, puesto que en la medida que se fue acrecentando la expansión del sistema educativo en México, también se ampliaron las diferencias entre las escuelas según el contexto en el que se encuentran. En la década de los 70´s se creó el Consejo Nacional para el Fomento a la Educación (Conafe), cuya labor es proveer de educación a las comunidades más alejadas y marginadas del país. Esta tarea se lleva a cabo con un muy reducido presupuesto por parte del gobierno (es una dependencia descentralizada de la SEP) y con recursos que las comunidades ofrecen para la construcción de las escuelas.


Las escuelas son contabilizadas al momento de elaborar las tasas de escolarización neta de la SEP, siendo aproximadamente 9,338 escuelas comunitarias, ubicadas en todo el territorio nacional. Es decir, el 4.6% de las escuelas públicas son comunitarias, una cifra que en proporción se aprecia baja, pero al dimensionar dicha cifra entendemos la gravedad del descuido en el que han estado en todos estos años. Un abandono que se ha logrado visualizar durante estos tiempos de pandemia.

¿Por qué la pandemia nos ha permitido visualizar la desigualdad en la educación? Tras la implementación del programa de “Aprende en casa”, una de las medidas que lo conforman es repartir cuadernos de trabajo a las niñas y niños que estudian en las escuelas comunitarias e indígenas. Dichas medidas fueron repetidamente criticadas, dado que dejaban la tarea del aprendizaje a las y los jóvenes estudiantes, lo cual podría derivar en mayor abandono escolar y a afectar su desarrollo académico a mediano plazo. Lo anterior es una gran diferencia al resto de los programas en línea, donde existe un sistema de entrega de tareas y de retroalimentación (sin mencionar el contacto frecuente con las y los docentes).

Otro problema son las circunstancias en casa. El contar con acceso a internet, tener los materiales necesarios para hacer las tareas, un espacio para estudiar y padres interesados en la educación de sus hijos son elementos clave para el desarrollo académico de los pequeños estudiantes. Si nos enfocamos en las familias de comunidades de escasos recursos, podremos inferir que la única ventaja posible que pudieran tener las niñas y niños en su aprendizaje son sus propios padres, quienes también tienen una enorme carga por sacar a su familia adelante.

Las comunidades que más necesitan recursos son a las se les aplican las medidas que menor costo y esfuerzo le generan a las autoridades. De nuevo ese 4% que poco les interesan a las autoridades educativas, puesto que el pasado 13 de mayo, el secretario de educación pública Esteban Moctezuma, señaló que no se dará el regreso a clases presenciales sino hasta que sea seguro para los niños regresar, es decir “solo abriremos con semáforo verde”, pero no se pronunció en proponer un plan de mejora al contexto anteriormente expuesto.

Resulta fácil ignorar ese 4%, este grupo de escuelas que, de llegar otra emergencia nacional en un futuro, volverán a la escena pública, pero para ser ignoradas nuevamente. Es imperativo que la SEP reconozca e impulse un programa de mejora a la infraestructura educativa en dichas comunidades, que dejen de lado los discursos de compasión y se centren en actuar, que no solo se preocupen solo completar la cobertura en la educación como sea, sino que enfoquen su atención a la calidad de la infraestructura de las escuelas y las condiciones en las que las niñas y niños del país estudian.

Es tiempo de impulsar:

  1.  Esfuerzo político: exigir a los partidos que promuevan un plan de mejora a la infraestructura escolar y de entrega de materiales didácticos a las comunidades rurales e indígenas.
  2. Administrativo: pedirles a las autoridades educativas, de los tres niveles, que tomen cartas en el asunto, y finalmente; 
  3. Ciudadano: promover el apoyo a las comunidades rurales e indígenas, así como también enfocar la atención desde la opinión pública. 

Recordarles a las niñas y niños que estudian dentro de ese 4% que las y los ciudadanos mexicanos estamos con ellos, y que no volverán a ser invisibles. Que la frase común cambie a: “Hay que invertir más en los sectores más vulnerables del país, en su educación para que todos juntos podamos progresar”.


Show Full Content
Previous Especial/ De Rebote 
Next ¿Reactivar o confinar?/ Cocina Política
Close

NEXT STORY

Close

Enlistan programas de obra pública del municipio

07/12/2017
Close