En la columna editorial El Foco de El Universal del pasado domingo, se cita una frase que más que parte emergente de una alocución, parece un eslogan a posicionar en la mente de la ciudadanía, que reza: “Estamos representando un gobierno honesto, democrático, humanista y no vamos a cometer ninguna arbitrariedad…”. Esta frase se ha repetido en innumerables ocasiones a lo largo de los casi 19 meses del gobierno encabezado por el presidente López, entre sus conferencias mañaneras y sus giras por el país.
En esta semana que concluyó, los testimonios del desencuentro del discurso oficial y la realidad política de los hechos de gobierno, han dejado evidencia pública que no coinciden en prácticamente ninguno de los adjetivos autoimpuestos por el titular del Ejecutivo a su gobierno. Es una verdad que no sólo debe preocupar al presidente, sino que lastima el ánimo de una gran parte de la sociedad mexicana, que siente en su día a día, la incongruencia de los decires lopezobradoristas y la lacerante realidad que le toca vivir permanentemente desde aquél lejano 1 de diciembre de 2018.
La semana comenzó con la polémica desatada por la invitación que el Conapred, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al conductor Chumel Torres, para participar en un foro contra la discriminación, este hecho desató la furia materna de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, lo que culminó, después de un intercambio de posicionamientos del propio presidente, la señora Gutiérrez Müller y el conductor Torres, en la “renuncia” de Mónica Maccise a la Dirección General del Conapred. A esa “renuncia”, “voluntaria y personal”, como lo señaló la secretaria Sánchez Cordero, se sumaron las renuncias al Consejo Consultivo del propio organismo de los consejeros Regina Tamés, Mauricio Merino y Katia D´Artigues. Bajas sensibles en ese importante Consejo, y en detrimento de la población vulnerable atendida por él. Para rematar, el presidente afirmó que no hasta ese día se estaba enterando de la existencia del Conapred, ¿qué tal? Aunque él aprobó el nombramiento de la doctora Maccise, y le sirvió de pretexto para cargar contra una serie de organismos descentralizados auxiliares. Todo el asunto, derivó en una auténtica confrontación entre el oficialismo de la 4T y las redes sociales independientes, que alcanzó proporciones singulares. Así que la ausencia de arbitrariedad en su gobierno, no es tal.
Avanzando la semana, otro evento marcó el cúmulo de contradicciones discurso-realidad en el México de la Cuarta Transformación, al supervisar el hospital desmontable de Morelos, donde sin mucho empacho, el Issste preparó un “simulacro” de atención de un paciente con Covid-19. El pueblo mexicano no está para farsas oficiales. Paralelamente a esto, el gobierno presumió una baja “marginal” en el caso de los homicidios dolosos, cuando el país está sumido en una vorágine de asesinatos provocados por el crimen organizado, sumando, oficialmente, a la estadística nacional la cantidad de 14,631 homicidios, a razón de 11.4 casos por cada 100 mil habitantes. A esos números habría que agregarle los muertos abandonados en Caborca, Sonora, en plena carretera, los baleados en Celaya, Guanajuato, el asesinato del juez y su esposa en Colima; además, el presidente admitió, a media semana, que él ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, aquél 17 de octubre del 2019, ¿en dónde estaba la complicación de aceptar esta responsabilidad en su momento?
Por otra parte, y dentro de las grandes precauciones nacionales, por si fueran pocas, las cifras de la pandemia del coronavirus que azota a México desde febrero pasado, ha alcanzado niveles alarmantes, a quién esto le importe, los últimos datos que dispongo, señalan 175,202 contagios confirmados y los 20,781 muertos al sábado 20 de junio. Así, entre la falta de preparación para la atención de la emergencia sanitaria en el país, la ausencia de una efectiva estrategia sanitaria por parte de las autoridades de salud federales y la frivolidad e irresponsabilidad del Subsecretario López-Gatell, tienen al país en vilo, sin certeza ni orientación clara y precisa de cómo conducirse ante la amenaza del virus y la “nueva normalidad”, y la cómoda salida del semáforo, que nadie respeta o ajusta convenientemente. Ni domada la pandemia, ni doblada la curva de contagios. En este tema, vamos navegando sin rumbo, sin brújula y sin capitán. Así que, humanista el gobierno, no.
Y ya casi para concluir la agitada semana para el gobierno de la 4T, el periodista Carlos Loret de Mola, presentó los resultados de una investigación periodística acerca de la declaración patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien, junto a su esposo, el doctor John Akerman, reportaron bienes por 9 millones 255 mil pesos para el ejercicio fiscal 2019, cuando en realidad, esos bienes representan un valor de 60 millones de pesos. El responsable directo de la investigación fue el reportero Mario Gutiérrez Vega, quién identificó seis propiedades localizados en la Ciudad de México y Morelos, con un valor cinco veces mayor, según los tabulados inmobiliarios vigentes, a lo reportado por la funcionaria. Lo que llama la atención, es que, en tan sólo 9 años, lograron adquirir 5 de esas propiedades de contado. ¿Cómo? ¿Sólo con sus ingresos y ahorros de académicos universitarios?
Pronto la propia secretaria se auto exoneró, y prácticamente, dio por concluido y superado el tema. Pero el asunto escaló pronto, y el tema se volvió tendencia en las redes sociales, casi todo el gabinete, el ortodoxo, se manifestó a favor de doña Irma Eréndira y el buen Dr. John, y se le fueron a la yugular al periodista Loret de Mola, quien acusó de “ataque de Estado”, en su contra, por ejercer su profesión y derecho a la libertad de expresión. Personajes como la secretaria de Gobernación, Energía, el de Turismo, la titular del Conacyt, el Vocero de la Presidencia, el Jefe de la UIF, el senador Batres, vamos, hasta López-Gatell, se aventaron la puntada de sumarse a la cargada contra el periodista.
Lo honestidad valiente desapareció, se volvió honestidad huidiza.
