Al final del informe del Poder Ejecutivo federal, a muchos les sorprendió que se pidiera a los presentes ponerse de pie para rendir honores al presidente, cantando el himno nacional; lo que pareciera un vestigio propio de un rey, se encuentra establecido en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales en el artículo 42 que señala: “El Himno Nacional sólo se ejecutará, total o parcialmente, en actos solemnes de carácter oficial, cívico, cultural, escolar o deportivo, y para rendir honores tanto a la Bandera Nacional como al Presidente de la República”. Un arcaísmo que muchos quisiéramos ver menguado, no sólo en este símbolo sino en el poder real de la figura presidencial. Pero estamos lejos de ello, el presidencialismo nunca se fue, hoy está más vivo que nunca y amenaza con cobrar fuerza. Y en esto, todos tuvimos la culpa, en especial la oposición.
Desde el siglo pasado un pensador brillante como Max Weber planteó los efectos nocivos de este poder absoluto presidencial: “un presidente elegido plebiscitariamente que dispone de todos los cargos actuando casi con entera independencia frente al Parlamento, dada la división de poderes establecida. De ahí que la propia elección presidencial sea la que brinda un valioso botín de prebendas y cargos, en calidad de premio por el triunfo”. La administración pública como una recompensa para usar a modo.
Según Armenta López, el presidencialismo tiene además las siguientes características o consecuencias: a) presencia de un partido político oficial y hegemónico plegado a la voluntad del ejecutivo; b) docilidad del Congreso que sólo acata órdenes del ejecutivo; c) Monopolio en el ejercicio de iniciativas de ley, además de que prácticamente sólo los legisladores y el ejecutivo pueden presentarlas, este cuenta con derecho de preferencia para que se desahoguen dos de forma prioritaria, por periodo de sesiones. d) Intervención preponderante en las decisiones administrativas.
Uno de los principales mecanismos para que el presidencialismo tenga todo el poder, es que prácticamente nombra y quita a los funcionarios de su administración y tiene un gran peso sobre la designación de organismos autónomos y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto el artículo 89 constitucional señala: “II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes”. No es extraño pues, que sea cierto aquel viejo chiste de que, para ser electo secretario de Hacienda el presidente preguntaba al aspirante “¿Cuánto es dos más dos?” La respuesta, para que fuera puesto en el cargo, era solo una: “Lo que usted diga, señor presidente”. Esto le pasó a nuestro paisano Carlos Urzúa, que al no sumar lo que el ejecutivo quería, fue removido de la SHCP.
Desde hace décadas que se han hecho propuestas para debilitar al presidencialismo, Diego Valadés en su célebre libro El control del poder, da algunas ideas: a) Consejo de ministros; b) Reelección de legisladores; c) Servicio civil de carrera; d) Intervención real en nombramientos por el legislativo. En el caso de la reelección, ya comenzamos a verla, vamos a ver si da resultados, el servicio civil de carrera funciona básicamente en sector educativo (aunque nuevamente cooptado por el sindicato) y de la salud, pero no en el resto de la administración. En cuanto a nombramiento con intervención del legislativo en prácticamente todos los casos, el ejecutivo tiene la última palabra en un escenario complicado, entonces la participación del congreso es endeble. Para destruir al presidencialismo se necesita además la descentralización de recursos a estados y municipios, es decir, fortalecimiento del federalismo fiscal.
Hasta hoy, los principales partidos políticos han sido oposición y gobierno ya sea en el orden federal, estatal y municipal (PAN, PRI, Morena, Movimiento Ciudadano, PRD); ninguno ha promovido reformas reales, estatales o federales, para debilitar esta omnipotencia de los ejecutivos (en el caso de los gobernadores pasa lo mismo, mutatis mutandis); más aún, un sector de la población aplaude y festeja este poder, y entonces uno se pregunta si más bien es voluntad del pueblo de México vivir bajo esta figura paternalista.
