Hay una constante en este país que debería de preocuparnos: el ataque a nuestros jueces, en general al Poder Judicial. Esta vocación, ha sido iniciada por un presidente que sólo sabe hacer política, que no entiende de leyes o que, si las entiende, las desprecia; luego, no es importante el estado de derecho, sino los acuerdos, las decisiones, lo que, conforme a su leal saber y entender, se deba llevar a cabo, después de todo, bajo una pésima interpretación de Rousseau, el pueblo ha hablado y lo ha ungido (como aquellos reyes que después solo responden ante dios). Por ello, no tiene empacho en cortar salarios, recortar presupuesto, evitar nombrar las magistraturas acéfalas o de plano enviar perfiles sin perfil para los puestos jurisdiccionales.
Al amparo de este desprecio que siente el ejecutivo federal por la familia judicial, se replica en los estados esta idea de someter a los jueces a los designios de la política, cual si las mayorías fueran la última palabra. Lo tenemos que decir fuerte y claro al presidente, a los legisladores (federales y locales): las mayorías no mandan más en este país, una democracia implica no el voto, sino los causes legales, el respeto a los derechos humanos, la división de poderes, Ferrajoli habla de democracia substancial, muy por encima de la democracia formal, o sea la de las mayorías.
El presupuesto de egresos federal, recorta recursos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nada más grave en este momento que los poderes formalmente establecidos, recurren al máximo tribunal a dirimir las controversias que se suscitan entre los mismos; y es que, en su faceta de control constitucional, resuelve los conflictos competenciales. El problema es que el exceso de trabajo, aletarga la justicia justo cuando, en este choque de poderes contra la 4T, urge que la Corte se pronuncie a la brevedad. Recortar recursos, bajo cualquier pretexto, es un ataque a la justicia y a los derechos humanos. E insisto, no se quiera acusar un exceso de recursos, pues a nivel federal seguramente la asignación del presupuesto del poder judicial no será de más allá del 1 o 2% del gran total, en tanto que el ejecutivo federal, como dijera certeramente el senador fosfo-fosfo, se lleva la gran rebana: 73%, y aún así, quiere más.
A nivel local escuchamos dos ataques al Poder Judicial: el tema de la ratificación de la magistrada presidenta y un supuesto juicio político a los magistrados de la Sala Contenciosa Administrativa. En el primer caso, desde mi perspectiva, el legislativo estaría en su justo derecho de agotar sus vías y recursos para tomar decisiones soberanas, lo que extraña, es la saña mediática, cual si convencer a la opinión pública de algo sirviera para doblar la vara de la legalidad; en este sentido, hace años que el Poder Judicial ha adoptado la política de no hablar en medios, sino a través de sus sentencias. Ahí tendrá que agotarse este asunto, en las resoluciones que, estoy seguro, llevarán al final del día, a restablecer un orden republicano donde el Poder Judicial, su profesionalización y permanencia, es fundamental.
En el caso del juicio político, se trata de un mecanismo de control político (como dice Diego Valadés) cuya eficacia tendría que radicar justamente en que se trate de asuntos tan graves para el desarrollo de las instituciones, que es necesario un pronunciamiento del Poder Legislativo en torno a ciertas figuras de máximo poder, de primer nivel. Sin embargo, lo que se ha manejado mediáticamente, no da sino para que, ipso facto, la legislatura deseche cualquier intentona de golpe de estado al Poder Judicial, esta clase de presuntas faltas, deben de quedar en el consejo de la judicatura del estado.
Ojo, no quiere decir que esté defendiendo la capacidad de nadie, sabemos que hay problemas como el nepotismo o la incapacidad; pero tenemos que encontrar conductos dentro y desde el Poder Judicial y no desde fuera. A veces no estoy de acuerdo con las sentencias, pero acudo a los recursos jurisdiccionales, no se puede atacar con declaraciones, una resolución jurisdiccional. No quiere decir que sean los mejores jueces, es lo que hay, y para su valoración creamos al consejo de la judicatura, justamente para sacar de la política un tema tan delicado como la carrera judicial.
Me causa preocupación el ataque al Poder Judicial federal, pues no hay quien lo defienda, no hay una institución superior que diga esta boca es mía. A nivel local, no me preocupa, pues hace años que, los tribunales federales, han generado una serie de criterios para garantizar los principios constitucionales en torno a la carrera judicial estatal, es seguro que, en este sentido, vendrán las sentencias de amparo, poniendo a cada quien en su lugar.
