Uno de los temas más controversiales respecto a los partidos políticos en los últimos años, es sin duda alguna el tema del costo que representan para nuestra democracia, en particular los montos destinados a su subsistencia. Esa polémica se agudizó desde el temblor del pasado septiembre del 2017, donde no se hicieron esperar las críticas por las exorbitantes cantidades que son destinadas del erario a los partidos políticos para sus gastos ordinarios y los de campañas electorales.
Como lo he señalado en participaciones anteriores, soy fiel creyente que no podemos hablar de un sistema democrático sin la presencia de los partidos políticos y éstos, naturalmente requieren de recursos para su correcta operación, desarrollo y consolidación. A nadie le conviene tener un sistema de partidos débil, con institutos políticos fugaces, los que, tras su constitución, se limiten a participar en un solo proceso electoral para después desaparecer.
Esto último sucede en países de Centroamérica, por ejemplo, nuestro vecino Guatemala, país en el que si bien existe un índice considerable de alternancia de una elección a otra, los partidos políticos raramente trascienden una elección, se constituyen para participar en un proceso electoral y posteriormente se disuelven, lo cual evidentemente mina la representación política de sus gobernantes; en México en cambio, gozamos de partidos políticos con una tradición histórica considerable y la ideología que sostienen, se ve reflejada proceso tras proceso, su labor se ha profesionalizado, convirtiéndose en maquinarias electorales, elevando evidentemente la competencia en una elección.
De ahí, que el debate en cuanto a los recursos con los que operan debe centrarse no en los montos per se, sino en el origen del caudal: ¿Qué tan benéfico sería el prohibir que los partidos políticos reciban recursos del Estado?, ¿Sería sano que los partidos políticos se financiaran con recursos privados?, dos de los cuestionamientos que debemos de responder.
En nuestro país, el sistema de financiamiento de los partidos políticos descansa en el principio de prevalencia del recurso público sobre el privado, es decir, que los recursos privados que obtengan (por ejemplo de sus militantes y simpatizantes) nunca podrá ser mayor al que reciben del erario; dicho principio garantiza, por un lado, el que los partidos políticos reciban una cantidad de dinero suficiente para sostener una contienda electoral equitativa, que todos los institutos políticos cuenten con recursos suficientes para su operación y por supuesto para competir y tener posibilidades de obtener triunfos electorales. Aunado a ello, permite contar con una vigilancia del uso y destino de sus recursos por parte de la autoridad electoral y por supuesto, el evitar que reciban recursos de procedencia ilícita, sobre todo ante el grave problema que padece nuestro país frente al crimen organizado.
Otra cuestión que regularmente trasciende de manera equivocada en la opinión pública es el relativo a que entre más partidos políticos repercute en mayores recursos públicos destinados, lo cual es completamente falso, ya que los recursos públicos que se destinan a todos los partidos políticos parte de una sola bolsa, la cual se constituye de multiplicar el 65% del valor de la UMA en un año determinado, por el número de ciudadanos que integran el padrón electoral en ese año calendario, el resultado representa la bolsa de financiamiento público que se deberá de distribuir entre los partidos políticos registrados, es decir, que no importa el número de institutos políticos, la bolsa siempre será única, cambiando solamente el número de partidos a distribuirla.
Otro mito que se mantiene año con año en la opinión pública, es responsabilizar a la autoridades electorales de los montos destinados a cada partido político, cuando la participación tanto del INE federal como del IEE local, se limita a distribuir la bolsa entre el número de partidos con derecho a ello, aplicando ciertas fórmulas que la ley establece: un 40% de manera igualitaria, y el resto estrictamente proporcional a los resultados obtenidos por cada partido político en la última elección. Así, una vez determinados los montos a distribuir partido por partido, se acuerda un calendario mensual para su entrega, es decir se convierte en un gestor o mero distribuidor de sus recursos, los que se reciben de las autoridades hacendarias y la obligación de las instituciones electorales es la de responsabilizarse de su entrega puntual a cada partido político durante un ejercicio fiscal, de ahí que sea falso que para la determinación de los montos, así como los períodos de entrega sea un ejercicio caprichoso o arbitrario por parte de las autoridades.
Así pues, el pasado 12 de enero, el Consejo General del IEE aprobó la distribución del financiamiento público de los partidos políticos y de las candidaturas independientes para este ejercicio fiscal 2021, en estricto cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, garantizando con ello la operatividad de todos y cada uno de los institutos políticos con presencia en nuestro Estado y por supuesto una contienda electoral equitativa.
Es cierto que las normas están hechas para su revisión y modificación constante, y que el tema del financiamiento no escapa de ello, por lo que el debate será siempre bienvenido, pero siempre basado en análisis serios y objetivos, buscando siempre que sean acordes al contexto en el que se apliquen, pero con el cuidado suficiente de que no representen un retroceso para nuestro sistema electoral y la calidad de nuestras contiendas electorales; por lo pronto para Aguascalientes, los partidos políticos cuentan ya con la garantía respecto a su correcta operación durante el proceso electoral en curso. Debemos de ser ahora vigilantes del correcto destino que le den a sus actuaciones, para poder contar con candidaturas de altura y por ende una campaña electoral provechosa para el electorado y, al final, una jornada electoral ejemplar en todos sus ópticas. Al tiempo.
/LanderosIEE | @LanderosIEE
