En 2017 Asociaciones de archivónomos, organización civil, profesionistas en archivos, historia, transparencia y democracia estaban organizados en respuesta al proyecto de la Ley General de Archivos que pretendía poner candados en cuanto al Acceso a la Información que afectaría hasta el nivel de Archivos Históricos. La presión que ejercieron a través de redes sociales, comunicados, reuniones en las Cámaras, congresos de especialistas y diálogos con quienes llevaban la propuesta surtió efecto y se modificó el proyecto de ley considerando a expertos, el resultado fue la Ley General de Archivos aprobada el 26 de abril de 2018 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio del mismo año.
La Ley General de Archivos de 2018 es novedosa en diferentes sentidos dado que se consideran, naturalmente, los diversos niveles del ejercicio archivístico –lo que llamamos el ciclo vital del documento–, pero pensado desde el ejercicio democrático que representan los archivos a través y vinculada a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y, pensado desde el valor como patrimonio cultural que tienen los archivos, vinculando la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Históricos y Artísticos.
Sumando a lo anterior, nuestra Ley está actualizada considerando los distintos soportes documentales, desde el tradicional papel, pasando por cintas magnéticas y llegando a lo digital, dotando y llevando a ley la dimensionalidad documental.
En el ámbito de la ejecución, con la Ley publicada en junio de 2018 se estableció un año a partir de su publicación para que fuera aplicada, lo que significa que cada estado de la Federación armonizara esta ley para el ejercicio estatal. Es cierto que pocos estados cumplieron a cabalidad con los tiempos, pero gracias al trabajo que se realizó desde el Consejo Nacional de Archivos, hoy en día sólo el estado de Guerrero queda pendiente.
Aguascalientes aprobó su Ley Estatal de Archivos el 12 de febrero del presente año y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 1 de marzo del mismo año, fecha a partir de la cual los sujetos obligados están en obligación de cumplimentar con lo dispuesto por ley en un plazo máximo de seis meses.
Lo notorio y apreciable de la Ley General como de la Ley local es la ampliación por primera vez en la historia de la archivística nacional y local, de los sujetos obligados, esto es, de los organismos públicos y privados que están obligados a generar el establecimiento adecuado y eficaz de sus archivos conforme a las normas archivísticas internacionales y las estructuras funcionales que establece la ley, como el Sistema Institucional de Archivos, que es la estructura básica para que los Archivos de cada sujeto obligado (dígase instituciones, organismos etc.) funcionen adecuadamente.
Es también de destacar la actualización en el manejo del lenguaje archivístico y lo destaco principalmente en la Ley Estatal, que emplea en sus conceptos principales términos como Gestión Documental, Archivos Electrónicos, Materia Archivística, Valoración, Conservación, Patrimonio Documental y Cultura Archivística, entre muchos otros, lo que nos pone frente a un enorme reto: la capacitación constante y profesional del personal que labora en los archivos.
Es notorio que la Ley de Archivos de Aguascalientes se actualizó tomando en cuenta la Ley General pero siguiendo su propia estructura, sin dejar de lado toda la responsabilidad que ahora tienen todos los sujetos obligados y la actualización en materia documental.
Como decía, la Ley de 2018 es la base fundamental para que en el total del país a partir de ya, se vaya generando una nueva cultura archivística dotando de responsabilidad, valoración y correcto manejo a los responsables de archivos, sí, pero también a las autoridades responsables de proveer los recursos, sean materiales o humanos, para que los Archivos dejen de ser el lugar al final de los papeles viejos y se transformen en lo que son: una parte fundamental de cualquier estructura gubernamental o privada.
La Ley General como la local representa muchos retos institucionales por lo que será necesario trabajar de manera más eficaz de la mano de los organismos nacionales y locales responsables de los archivos como el Consejo Nacional de Archivos y la Dirección General de Archivos del Estado de Aguascalientes. El reto no es menor para ninguno de los implicados, es necesario que en todos los niveles de gobierno se haga una valoración de las condiciones reales de nuestros archivos para partir de la realidad y así poder generar cambios paulatinos pero firmes.
Es también fundamental promover la profesionalización de nuestros responsables de archivos en los ámbitos de transparencia, gestión documental, archivística y patrimonio documental. Así como también pensarnos a futuro inmediato frente al embate tecnológico y la gestión desde el punto de vista del Patrimonio Documental, lo que obliga a que nos pensemos en equipos de trabajo multidisciplinario e interinstitucionales.
No me queda más que celebrar que ya tengamos los instrumentos legales para promover con urgencia la mejora en todos los niveles de la cultura archivística nacional, pero particularmente de la local; segura estoy de que el panorama que vislumbramos, pese a que no es nada sencillo, es prometedor.
Es responsabilidad para quienes estamos al frente de Archivos, sea de trámite, conservación y/o históricos, estar actualizados, informados y abiertos frente a este reto; pero también difundir y acercar nuestros archivos a las generaciones jóvenes, enseñarles la riqueza que en ellos hay y la importancia de su gestión y conservación para la vida democrática de un país y para la conservación de la memoria.
