Sin lugar a duda, en México hemos iniciado el camino hacia la consolidación del estado democrático, a partir de una transformación positiva en el orden jurídico de nuestro país, estamos viviendo una auténtica revolución en el ámbito del Derecho. Particularmente, son de destacarse las reformas constitucionales y criterios de jurisprudencia de nuestros tribunales federales que nos llevan a replantearnos y a repensar muchas de las instituciones jurídicas que se creían intocables.
Lo anterior constituye un cambio de paradigma: la transformación del Estado legislativo de Derecho, al Estado Constitucional de Derecho, siguiendo la propuesta ferrajoliana en torno a la nueva concepción del Estado, caracterizado por la sujeción de principios constitucionales tales como la división de poderes, el reconocimiento de los derechos humanos para todas las personas, la supremacía constitucional, el control de constitucionalidad y de convencionalidad de los actos de todas las autoridades, el régimen democrático y la construcción de gobiernos eficientes en donde tenga un rol protagónico la participación ciudadana.
En el Estado legislativo de Derecho, el poder protagónico, como su nombre lo indica es el poder legislativo, pues es en el legislador democrático en el que se deposita la soberanía popular. Por ello, los jueces simplemente se convierten en la boca de la ley. En cambio, en el Estado Constitucional de Derecho, el poder judicial tiene un papel mucho más activo, en la medida que es el garante de la Constitución y de los principios sustanciales en que ésta se apoya. Por ello, válidamente puede declarar inconstitucional una ley o alguna porción normativa, reconociendo la posibilidad de que el poder legislativo también viole esos principios constitucionales. Habrá que recordar que también existe la tiranía de las mayorías, como bien lo señalaba Tocqueville.
Y es justamente esta tiranía la que hoy inscribe un grave hecho en el constitucionalismo mexicano: la violación de un precepto del alto texto mediante una ley secundaria, la conocida ampliación del mandato del presidente de la SCJN dos años más de los cuatro que establece la Carta Magna. Y es tal vez la más grave, porque quien debería ser el máximo defensor del orden constitucional ha guardado silencio primero, y cantinfleando después; a pesar de su prestigio, de su pasado con sentencias muy valiosas, hoy está a punto de pasar a la historia de la ignominia jurídica, pues, como bien lo dijo Porfirio Muñoz Ledo, no hay jurista que no coincida en lo ilegal de la reforma, salvo el consejero jurídico Julio Scherer, MaquiaScherer.
La semana pasada desayunábamos con el Mtro. Jesús Eduardo Martín Jáuregui y los tres coincidimos que, amén de la gravedad jurídica de la reforma, tras bambalinas se observa otra peor aún: el fantasma de la ampliación de los periodos presidenciales, con el pretexto de la “moralidad”, de la “verdadera transformación” “de los honestos” en suma de la fallida 4T. Esta ley orgánica, abre la puerta para ampliar otros periodos, si es por el bien de la nación (sic) incluso el propio del presidente de la república.
Hay nubarrones que se ciñen en el cielo de este país, que amenazan con regresar al estado legislativo de derecho, al presidencialismo más rancio del México del pasado. Los recursos de inconstitucionalidad ya están anunciados, será la última oportunidad de la SCJN para evitar abrir a una nueva dicta-blanda, para demostrar que el poder del presidente de la república no es intocable, en suma, para restablecer la fe de aquellos que creemos en el estado de derecho como la forma más certera de acabar con los problemas de esta nación.
Como juristas, como profesores de las futuras generaciones de abogados, como miembros del sistema nacional de investigadores, tenemos que hacer nuestras, parafrasear, las palabras del viejo y admirable Porfirio Muñoz Ledo: nos oponemos con toda la fuerza y convicción de nuestro ser, con todo el esfuerzo memorioso que se ha hecho desde 1988 para instaurar en el país un orden democrático y no una república autoritaria, a este insensato proyecto de violar la Constitución política del país.
