Wait until the war is over,
and we’re both a little older.
The unknown soldier…
The unknown soldier – The Doors
En Myanmar, país también conocido como Birmania, se vive actualmente un estado de excepción en el que las fuerzas militares pretenden retomar el poder político mediante la represión a los grupos ciudadanos que buscan el regreso a la democracia.
Rápidamente, la historia es la siguiente: en ese país, los militares fueron empoderados políticamente desde hace décadas, gracias a un régimen político que basó su fuerza en el apoyo de la milicia, lo que erosionó a la democracia birmana.
Durante esos años, distintos colectivos y activistas trabajaron para quitar a los militares del poder. Una de las más destacadas luchadoras, Aung San Suu Kyi, recibió el Nobel de la Paz por su activismo democrático y consolidó una fuerza política antimilitarista.
La activista sufrió persecución y arresto, pero su movimiento creció. En noviembre de 2020, el partido de Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia (LND), ganó la elección, pero los militares desconocieron los resultados diciendo que hubo fraude.
A partir de ahí, desde lo que va de 2021, los militares han arrestado a políticos y activistas que buscan democracia civil, y han comenzado a reprimir violentamente las manifestaciones. Al día de hoy van más de 100 personas asesinadas por la violencia política en Birmania.
En este contexto, las generaciones jóvenes y las mujeres, sobre todo las de clase trabajadora, han representado al movimiento opositor que busca un gobierno civil. Es un contexto que nos hace reflexionar sobre el costo político que implica empoderar a los militares en una democracia.
A pesar de que en nuestro país el contexto, la tradición política, y la reconfiguración de fuerzas que pone a los militares en el primer plano de las acciones del ejecutivo federal; no está de más revisar cómo este espejo nos refleja.
Históricamente, al menos desde 1985, las fuerzas armadas de nuestro país habían ceñido su participación pública en los tres Planes Operativos Nacionales a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les ha ceñido. Estos son los Planes de Defensa Nacional I, II y III, que implican:
Plan DN-I: Repeler agresiones extranjeras. No se ha aplicado, y la última vez que hubo una declaración de guerra que implicara a México, fue en 1942 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en la que México participó con el Escuadrón 201.
Plan DN-II: Proteger la seguridad interior o combatir la insurgencia interna. Este plan se usó por única vez en 1994 contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; luego el gobierno declaró “cese al fuego”, y no se ha vuelto a poner en práctica oficialmente.
Plan DN-III: Defender y proteger a la población afectada en situaciones de desastre. Este plan es el más conocido y ejecutado por las fuerzas armadas del país, y comenzó a operar a partir del sismo de 1985 en la Ciudad de México.
Desde el sexenio encabezado por Felipe Calderón, de 2006 a 2012; continuando en el de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018; y todavía en la actualidad con Andrés Manuel López Obrador, desde 2018 y previsiblemente hasta 2024, el ejército ha operado fuera de estos planes.
Así ha sido desde 2006 con la llamada “Guerra contra el narco”, en la que indiscriminadamente se ha utilizado al ejército en funciones de seguridad pública, y que ha derivado en que las fuerzas armadas eliminen objetivos civiles en ausencia de guerra civil o insurgencia.
En este sentido, ha faltado regulación efectiva de la operación del ejército en las calles. La impostura del cuerpo armado militar que se hace pasar por civil, conocido como Guardia Nacional, no arregla el hecho de que el ejército opera el Plan DN II contra objetivos civiles no insurgentes.
Así, o se modifica el Plan DN II para incluir a la seguridad pública; o se cambia la denominación a las organizaciones criminales que han usado el terrorismo y la violencia social como forma de operar, y se les llama como lo que son: terroristas contra el Estado.
Lo urgente es dar certeza legal a los límites de las fuerzas armadas en su actuación y operación pública, en su acceso a presupuestos, y en su cada vez más amplio ejercicio del poder. Estamos a tiempo, porque en uno o dos lustros podemos acercarnos a Birmania.
@_alan_santacruz
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