Alguna vez se han preguntado, ¿en qué país nos estamos convirtiendo con el gobierno de López Obrador?, si lo han hecho entonces compartimos el mismo diagnóstico: que las cosas van muy mal en México. Pero si son tantas las señales negativas que vemos, ¿por qué no hemos podido ponerle un alto a la evidente destrucción de la Nación?, veámoslo a detalle.
Los retrocesos que hemos experimentado en estos 2 años son muy graves. México dejó de ser uno de los veinticinco mejores destinos para la Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer año de López Obrador, Pemex canceló el contrato de calificación con Fitch Ratings (lo que devaluará notablemente el valor de la empresa a nivel mundial) y en un solo año (2020) se registró una fuga de capitales por 257 mil millones de pesos, algo que nunca había ocurrido.
La economía nacional pasó de un crecimiento de entre 2 y 2.1% en el sexenio pasado, a la contracción primero (0.0%) y después al decrecimiento (-0.2%). Según especialistas se trata del peor inicio de una administración federal en los últimos 70 años. Además del desastre financiero, el gobierno de López Obrador cometió errores garrafales en la política de salud, como eliminar el Seguro Popular y centralizar la compra de medicamentos; y en materia de asistencia social, como cancelar los apoyos para las Estancias Infantiles y otros programas de atención a la población.
En el terreno de la seguridad pública, el retroceso también es evidente. La tolerancia que el gobierno federal ha tenido con los grupos criminales ha provocado que pasemos de la “guerra” a la sumisión y la ingobernabilidad. De manera reciente, por ejemplo, la administración lopezobradorista reconoció que existen 37 grupos de la delincuencia en el país y que en todas las entidades opera por lo menos un cartel del narcotráfico. Las autoridades militares de Estados Unidos consideran que hasta el 35% del territorio nacional está controlado por estos grupos.
En este terrible caldo de cultivo, donde por cierto se inscribe la peor tragedia sanitaria de la que se tenga memoria en el país, la destrucción de las instituciones ha comenzado. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional Electoral (INE) y otros organismos autónomos, cuya naturaleza es servir de contrapeso en el diseño institucional mexicano, están en la mira de este gobierno. López Obrador apuesta a dos cosas: o los controla o los destruye.
Y así pues, hemos visto la debacle en marcha, en medio de resistencias valientes y plausibles, pero aisladas y descoordinadas entre sí. El movimiento de FRENAAA, la lucha de los padres de niñas y niños con cáncer, la resistencia de la prensa nacional y los analistas críticos del gobierno; la lucha de los partidos de oposición en el Congreso, el esfuerzo de expresidentes y de otros personajes de la política nacional que han vuelto a los reflectores y a las redes sociales para hacer un trabajo de concientización; y por supuesto los gobernadores que han plantado cara a los atropellos de la Federación. Todos ellos en su lucha y todos buscan lo mismo: ponerle un alto a la destrucción de México.
La elección en puerta será la primera parada para evitar el descarrilamiento. Quitarle la mayoría a Morena en el Congreso y evitar la llegada de más aliados representa el dique más importante frente a la ola de autoritarismo e imposición que se ha extendido sobre la Nación. Generar un equilibrio de fuerzas políticas es el paso inmediato y el más importante en estos momentos. Sí es posible ponerle un alto a la destrucción de México y el voto útil, el próximo 6 de junio, es la forma de iniciar.
