Dicen diferentes fuentes que la impunidad en México roza el 100%. Encinas, desde la Segob, reconocía recientemente más del 90% hablando de víctimas de desaparición forzada, mientras que la Organización civil México Evalúa habla de impunidad hasta en el 94.8% de los casos denunciados.
“A nivel nacional, existen 11 fiscales, 9 peritos y 14 policías ministeriales por cada 100,000 habitantes, en promedio”, detalló dicha organización.
En su informe “Hallazgos 2020” dicha organización da seguimiento al sistema de justicia penal en México a cinco años de su entrada en vigor, que concluye que las principales causas de la elevada impunidad son que las defensorías públicas y las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV) “no cuentan con condiciones para hacer contrapeso a las fiscalías” y que ambas instancias reciben pocos recursos y carecen de apoyo para desarrollar su propia investigación ni para contar con análisis periciales propios”. También detalla el informe que las fiscalías y sus funcionarios están colapsados y cada vez se pueden abrir menos investigaciones. Por ejemplo, la FGR en 2020 inició 38,855 carpetas de investigación, un 60% menos que en 2019; donde de 2018 a 2019 ya había una disminución del 12.7%.
Uno de los problemas que impiden resolver la impunidad reside en que los agentes del Ministerio Público carecen de un protocolo de priorización de casos. El escaso presupuesto asignado per cápita a la procuración de justicia no se maneja de forma transparente ni menos eficiente, y se atiende la cascada de denuncias impunes sin ningún orden. Según dicho estudio, al menos un 30% de los delitos se podrían haber desahogado por medidas de justicia alternativa, pero no existe apenas ese filtro, que le da “la misma prioridad a una desaparición u homicidio que a un robo menor”. Así la falta de visión estratégica en política criminal, cuenta la investigadora, provoca que solo uno de cada dos casos reciba algún tipo de respuesta de las fiscalías, y de los que lo hacen, un 60% son archivados. “En algunos delitos como tortura o desaparición, la impunidad roza el 100%”. El estudio alerta sobre el colapso de los agentes investigadores, donde en promedio inician unas 145 carpetas por año, pero hay casos como el de Nuevo León, donde esta cifra asciende a 456 investigaciones por fiscal; o Sonora, con 326.
Por otra parte, dicho informe también revela un aumento de la prisión preventiva oficiosa en un 21% y de los procedimientos abreviados en un 16%. Dichas medidas, estima, “vulneran el derecho a la verdad y a la reparación del daño para las víctimas”. “En la práctica, ningún delito se esclarece realmente y solo se repara el daño al 0.30% de las víctimas de un delito y una de cada cuatro detenciones son calificadas como ilegales”. Con esto, se permite la fabricación de culpables y se niega la verdad para las víctimas, donde una de cada cuatro detenciones en México son ilegales. El informe, que se presenta habitualmente de manera anual, integra en esta ocasión una evaluación con enfoque de género “a la operación y resultados del sistema penal”. A raíz de esta investigación, hallaron que una de cada dos mujeres privadas de la libertad aún espera sentencia. El estudio encontró también que se imponen penas mayores para las mujeres privadas de su libertad que para los hombres puesto que de las personas que reciben penas mayores a 21 años de prisión, dos terceras partes son mujeres.
De poco sirven las declaraciones de combate a la corrupción si la persecución de criminales para reducir las enormes cifras de violencia que soporta México desde hace casi una década —casi 100 asesinatos al día— cuando la inmensa mayoría de las denuncias no terminan con un castigo a los responsables y sus casos jamás se resuelven.
COLA. Para muestra impune de lo que lleva demasiado tiempo ocurriendo en México, basta un botón: cumple 100 años de edad Luis Echeverría, libre de culpas y en casa.
