Cada semana nos preguntamos casi como un juego, ¿ahora qué se le va a ocurrir a la 4t para llenar los tiempos y espacios en la opinión pública? Sí hasta hace unos meses el centro de estas ocurrencias se acomodaba en las iniciativas presidenciales, ahora vemos, no sin un poco de asombro, que se han incorporado a este ejercicio personajes destacados de lo que conocemos como el “movimiento político de la cuarta transformación”. Corcholatas, secretarios de Estado, militares, directores de grandes empresas estatales, líderes parlamentarios y hasta partidistas afines a ese movimiento político, en las circunstancias actuales, ya opinan, sugieren e imponen sus puntos de vista o intereses particulares, todo ello claro está, en el marco de esa “transformación”.
En la semana que recién concluyó, el movimiento de la 4t, en voz de su líder y jefe político, centró sus iniciativas en torno al inicio de las consultas que han promovido los gobiernos de Estados Unidos y Canadá respecto al trato que México ha dado a las empresas de los países socios relacionadas con la industria eléctrica y las condiciones de su participación en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Las oficinas comerciales estadounidenses y canadienses aseguran un perjuicio claro contra sus respectivas empresas y, en un plazo de 30 días, se iniciarán las consultas y, a más tardar, 45 días después se determinará si será necesario establecer un panel para resolver y solventar las controversias entre México y las empresas de los países quejosos, qué, en opinión de los expertos, nuestra nación llevaría las de perder, algo que podría significar una afectación por miles de millones de dólares. De ese tamaño el asunto. México, en voz del presidente López Obrador, niega la posición de los demandantes y se escuda en el capítulo 8 del propio Tratado, pero que, a la letra habla de la garantía de nuestro país de sobre la soberanía de los hidrocarburos, cuando el pleito está en otro punto.
Ahora bien, no conforme con el paquete que significa el conflicto comercial con los poderosos socios del norte, el viernes 15 de julio pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció en un comunicado la suspensión de la operación del sistema Compranet a partir de las 16:00 horas de ese día. El lunes 25 la propia SHCP señaló en un boletín de prensa que el motivo de la suspensión “se debió a un error derivado a problemas de espacio de almacenamiento de datos en la infraestructura, por lo que las unidades compradoras del gobierno no pudieron cargar información al sistema”. Cabe aclarar que Hacienda es la dependencia del gobierno federal responsable de la operación de Compranet en todos sus módulos. “La empresa Bravo Solution asumió la atención de la falla, pero los equipos que se requieren llegarán a México en los primeros tres días de agosto. Una vez que se reciban los equipos necesarios para el respaldo de la información, se pongan a punto y se realicen las pruebas necesarias, se estima que el sistema vuelva a la normalidad en dos semanas.” De esta manera, la poderosa Hacienda se sacude un problema de magnitudes gigantescas para el país.
Con información del portal del IMCO del 25 de julio, sabemos que “Compranet es una plataforma que registra y almacena información de las compras públicas que más de 260 instituciones federales realizan día con día. Tan solo en 2021, las instituciones adjudicaron 173 mil 505 contratos por 473 mil 391 millones de pesos, un estimado de 470 compras diarias y un importe promedio por contrato de poco más de dos millones de pesos.”
La suspensión de Compranet atenta contra el derecho al acceso a la información, la transparencia y el derecho a saber acerca de las contrataciones públicas, limita la posibilidad ciudadana de supervisar al poder, favorece la corrupción y anula significativamente la posibilidad de la rendición de cuentas. Ya con Compranet en operación era difícil el acceso, búsqueda y localización de la información en la plataforma, la reciente falla e inactividad de la misma, confirman el desprecio de este gobierno por el mantenimiento y actualización de las tecnologías de la información y la comunicación, y su tolerancia a la práctica de una política de opacidad y ocultamiento del ejercicio del gasto público.
Finalmente, y como remate, en la mañanera del jueves 28, y con los “obstáculos” con los que se ha tropezado el gobierno de la República encabezado por el presidente López Obrador, en las últimas semanas, buscando en su bodega de ocurrencias, encontró, en el marco de su blabladorismo o estrategia comunicacional, que su gobierno (sí, de él), escalaría la “austeridad republicana” a la práctica de “la pobreza franciscana”, para continuar con el proceso de lo que él entiende como “cuarta transformación”. Desde el 11 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Austeridad Republicana, misma que empujó a la Administración Pública Federal hacia una precariedad operativa y funcional, cuyas consecuencias están a la vista de todos, limitando sus resultados y metas ante las graves limitaciones presupuestales.
Pues no nos debe sorprender, que a la brevedad y con la disciplina que caracteriza a las fuerzas legislativas afines a la 4t, pronto veremos en la agenda legislativa la presentación, discusión y aprobación de la Ley Federal de Pobreza Franciscana, por aquello del principio de legalidad al que es tan afecto el movimiento transformador.
México ciertamente afronta graves problemas económicos, políticos, sociales derivados de circunstancias que acosan al mundo en su generalidad, sin embargo, una parte importante de ellos y sus alcances, son derivados claramente de la incapacidad de este gobierno por afrontarlos con pertinencia y con ciencia de una buena gestión. El desprecio por el conocimiento, la técnica y legalidad, y su sustitución por el blabladorismo y su enorme ideologización, tienen al país en una situación preocupante. Recuperar la seriedad política y el respeto por el Estado de Derecho son una tarea cada vez más urgente para la sobrevivencia de México.
