Tras una reja sombría tengo a mi madre y hermana,
por una lengua villana que me ha de pagar un día.
El Corazón Helado – Nacho Vegas
En días pasados, en Irán, Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años, no llevaba bien puesto el hijab; el velo que por mandato religioso debe cubrir la cabeza y el cabello de las mujeres musulmanas. Que una mujer musulmana descubra su cabeza, o muestre su cabello en público, es algo proscrito en la Sharía, la norma de conducta religiosa.
En Irán, como en otros países teocráticos, se empatan las leyes civiles con las leyes religiosas. Así, para que el Estado garantice el cumplimiento de la Sharía, utiliza a la llamada Policía Moral; un cuerpo paramilitar vestido de civil, en el que incluso hay mujeres, que actúa de incógnito para investigar, detener, y castigar a quienes incumplan con la Sharía.
Esta falta originó que Masha fuera detenida por la Policía Moral iraní. Luego de su detención, la joven fue golpeada y torturada hasta quedar en coma, y luego resultar muerta. Las detenciones y juicios por la Sharía carecen de lo que en occidente conocemos como “Debido Proceso”. No hay defensa jurídica, presunción de inocencia, derechos humanos. Hay sólo juicios sumarios.
El asesinato religioso contra Masha Amini originó protestas violentas de distintos grupos, mayoritariamente de mujeres, pero también hombres musulmanes. Quemaron velos en la vía pública y se confrontaron con la policía. Estas manifestaciones llevan ya decenas de muertos y la protesta se ha extendido a unas 15 ciudades. Irán ha bloqueado el internet, controla la información, y acusa de sedición.
Para entender esta erupción de violencia popular, hay que poner un contexto más amplio que tiene que ver no sólo con los derechos humanos básicos para las mujeres en Irán, sino con otros factores, como el ascenso del grupo en el poder, la crisis económica del país y la zona, y otros relativos a la geopolítica y al conflicto Rusia-Ucrania.
El tema económico es añejo en la región, agudizado por la pandemia y por la guerra ruso ucraniana, que ha encarecido los insumos básicos a precios estratosféricos. De hecho, la inflación iraní ronda el 50%. Este tema se agrava por la profunda desigualdad, en la que las masas viven en condiciones indignas, mientras que las élites continúan en el ostento.
A la insultante brecha social se le suma una administración pública corrupta, lo que agrava la matriz de opresiones y desigualdades. Es decir, no sólo no hay Estado de Derecho, sino que el sistema además de nocivo, está corrupto. A esta condición de corrupción, pobreza, y desigualdad, se le suma la activa oposición al actual régimen, de corte ultra conservador.
Desde 2021, Ebrahim Raisi asumió la presidencia de Irán con una carga de ilegitimidad, luego de un proceso electoral bastante cuestionado. Recordemos que Irán se gobierna legalmente por un poder ejecutivo, aunque de facto el poder lo ejerce el Ayatola, la máxima autoridad religiosa. Para ganar legitimidad, Raisi ha endurecido la persecución conservadora, lo que ha tensado la política interna.
En ese contexto, otro factor es la mala salud del actual Ayatola, Ali Khamenei. Este liderazgo lo ejerce desde 1989, y diversos grupos ultra conservadores se pelean por su sucesión. Entre éstos, el de Mojtaba Khamenei, hijo del actual Ayatola. El presidente Raisi podría ser también candidato en la sucesión; por ello, lo que ocurra en su gobierno será determinante.
Así, en un contexto multifactorial, se explica la violencia en Irán. La protesta ha encontrado en el grito “Mujer, vida, libertad” una válvula de escape a través de la cual se han extendido otras protestas además de las que rechazan la opresión contra la mujer; tales como las que piden democracia, estabilidad económica, distribución de la riqueza, y derechos humanos.
El origen de la protesta violenta se encuentra en el endurecimiento conservador contra las mujeres, contra su capacidad de decidir; contra los derechos humanos de la población en general. La población rechaza el poder omnímodo de la religión en la política; así como la violencia estructural que afecta a la comunidad mediante la violencia de la pobreza y la desigualdad.
Que un Estado religioso iguale delito con pecado, y equipare el mandato divino con los códigos penales, es un atentado contra los Derechos Humanos. El caso de Irán es emblemático, y en todo Medio Oriente hay ejemplos de esto. Pero en occidente, el encumbramiento del poder religioso en la política nos pone en escenarios que se acercan peligrosamente a esto.
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