Estas semanas, de manera mucho más seria y preocupante, se ha vuelto a discutir sobre el futuro de la ciencia y la tecnología en México. Con respecto a la discusión en Parlamento abierto de la Ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación -iniciativa del Ejecutivo federal-, recupero una parte de una breve columna editorial que escribí en febrero de 2021 en este mismo espacio -sobre los desafíos a los que se enfrenta tanto el CONACYT como el Sistema Nacional de Investigadores- cuando la situación que nos ha llevado a la discusión que se da hoy ya se preveía:
Con respecto al CONACYT, el principal desafío al que se enfrenta -pienso- es a la integración de la investigación y el desarrollo tecnológico mexicanos en el trabajo de la comunidad científica internacional. El conocimiento científico, como el conocimiento en general, se encuentra socialmente distribuido. Esto quiere decir que los trabajos científicos y tecnológicos son colectivos y sociales de raíz y por su misma naturaleza. No podemos evadir esa realidad: la soberanía científica y tecnológica no puede ni debe entenderse como una forma nacionalista de asilarnos del resto del mundo; sí como una manera de incentivar el trabajo científico en nuestro país que contribuya de manera sustancial a incrementar el conocimiento disponible, el cual debe servir tanto para una mejor y mayor comprensión de la realidad, la naturaleza y nuestro lugar en ella, así como para mejorar la calidad de vida de las personas, y en particular de las más vulnerables. En esta tarea no se encuentran solas las investigadoras e investigadores mexicanos, sino en conjunto con las y los del resto del mundo. Para enfrentar este desafío, el CONACYT debería impulsar e incentivar esta integración global: mediante más becas para que las y los jóvenes investigadores realicen posgrados y/o estancias de investigación en el extranjero, mediante becas para que jóvenes investigadoras e investigadores extranjeros realicen posgrados y/o estancias en territorio nacional, mediante apoyos para que investigadoras e investigadores en consolidación o consolidados realicen estancias de investigación en otras universidades nacionales y extranjeras, mediante apoyos a las universidades para que fomenten el intercambio académico constante.
Con respecto al SNI, debe comprenderse la naturaleza misma de la institución (que depende del CONACYT) y su historia. En su origen fue pensado para evitar la fuga de cerebros, debido a la poca competitividad salarial de las universidades nacionales frente a las extranjeras. Pero su finalidad original era contingente, su finalidad real debería ser otra: incentivar la investigación y desarrollo tecnológicos mediante estímulos económicos, y dar reconocimiento a las trayectorias individuales de las y los investigadores. No obstante, una refundación cabal del SNI resulta imposible sin que las universidades e institutos de investigación nacionales sean competitivos salarialmente en un contexto global. Dado que México no se encuentra aún en posibilidad de ofrecer salarios competitivos en la materia, sus desafíos actuales son otros y coinciden parcialmente con los originales. Así, el SNI debería proteger, sobre todo, a las y los investigadores más vulnerables: aquellas y aquellos que han terminado sus estudios doctorales de manera reciente y no han encontrado una plaza en alguna universidad o instituto nacional o extranjero, privado o público. Así, deberían fortalecerse las Cátedras CONACYT, deberían ampliarse los apoyos para estancias posdoctorales, el estímulo económico del SNI debería estar priorizado a quienes no cuentan con una adscripción institucional, y luego a las y los investigadores de universidades privadas. Contrario al prejuicio dominante, la realidad indica que quienes investigan en instituciones privadas (no así quienes dan clases de asignatura) suelen tener en promedio un salario menor que aquellas y aquellos que trabajan en instituciones públicas, y además no cuentan con la misma seguridad laboral. Es un error de atribución de agencia considerar que dichos apoyos serían a las instituciones privadas, y no una forma de compensar la precariedad en la que suelen trabajar muchas de las y los investigadores.
Así como el trabajo científico y tecnológico es social y colectivo de raíz, cualquier diseño institucional debe tomar en cuenta otros diseños que se intersectan con la o las instituciones que son foco de nuestra atención. El gobierno actual ha detectado, a mi modo de ver de manera correcta, que se requieren cambios drásticos en el diseño del CONACYT y del SNI. No obstante, me preocupan dos cuestiones: el diseño institucional debe hacerse a partir de la evidencia disponible, no a partir de prejuicios o ideas que no han sido sometidas a un duro escrutinio racional; y que los proyectos de reforma no tomen en cuenta a la comunidad científica nacional. Pienso que, si las próximas reformas son atentas a los datos y la evidencia, y se someten a una discusión entre pares al interior de la comunidad, pueden ser benéficas para la investigación y el desarrollo tecnológico en México. Es ése y no otro mi deseo.
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