Fiscal del estado aseguró que sí se ha estado avanzado en la investigación y que se tiene mucha información, pero “lo que le puedo decir es que se tienen identificados algunos movimientos bancarios”.
Aún no se identifica a los responsables del desfalco de 140 millones de pesos que se dio en la anterior Legislatura del Congreso del Estado, hecho conocido como la Caja Negra, donde se habría facturado esta cantidad de dinero con facturas ficticias, situación que está siendo investigada, aseguró el fiscal del estado, Jesús Figueroa Ortega.
Ante la pregunta expresa de si se han dado avances en la investigación por el desvío millonario de los 140 millones, el fiscal detalló que efectivamente la Fiscalía Anticorrupción está dando seguimiento al caso, pues “están las denuncias que se presentaron hace tres años, la Fiscalía Anticorrupción tiene esa carpeta y se está llevando este proceso de investigación”, indicó.
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Dijo que en este caso primeramente hubo una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), pero la dependencia federal declinó competencia y es por esto que en la Fiscalía Anticorrupción de Aguascalientes se están llevando las investigaciones correspondientes.
Aseguró que sí se ha estado avanzado en la investigación y que se tiene mucha información, pero “lo que le puedo decir es que se tienen identificados algunos movimientos bancarios, algunas transacciones y solamente hay que determinar si en efecto las empresas tenían alguna relación con la Secretaría de Administración Tributaria o con empresas factureras o empresas existentes, para saber si se puede o no dar un hecho delictivo”, apuntó.
Figueroa Ortega hizo hincapié en que se está investigando el hecho, pero “aún no se ha identificado a algún responsable, solamente se tiene un dinero gastado ante ciertas empresas y para determinar esto no es una investigación sencilla, porque involucra información bancaria y siempre este tipo de información es difícil de obtener”, enfatizó.
Agregó que es difícil obtener está información, por tanto, se ha alargado la investigación, señalando que el gobierno federal al tener un secreto bancario para transmitir esa información pide muchos requisitos.
