Críticos lo señalan por falta de transparencia. Su efectividad para contribuir a la inclusión laboral no ha sido comprobada
Entre las 20 reformas que el Ejecutivo federal presentó a la Cámara de Diputados, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) considera que ocho de estas iniciativas ponen en riesgo la competitividad de México, una de ellas es la propuesta para garantizar la educación y el empleo para los jóvenes, al destacar que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha recibido críticas por la falta de transparencia e inconsistencias en el registro del padrón de becarios.
La iniciativa presidencial busca elevar a rango constitucional el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro por lo que propone adicionar el siguiente párrafo: Artículo 123, que el Estado otorgue un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo a jóvenes entre 18 y 29 años que no trabajen ni estudien para que se capaciten por hasta 12 meses.
El IMCO destaca que Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los programas sociales emblema de la actual administración, inició en 2019 con el objetivo de impulsar el desarrollo de habilidades para promover la inserción al mercado laboral por medio de capacitaciones a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, es decir, busca atender una población objetivo de 4.5 millones. De acuerdo con el último dato disponible, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reporta 2.95 millones de personas beneficiarias (58% mujeres y 42% hombres); sin embargo, el programa ha recibido críticas por la falta de transparencia e inconsistencias en el registro del padrón de becarios, aunado a que la Auditoría Superior de la Federación ha reportado irregularidades en el gasto.
La capacitación que ofrece el programa dura máximo un año, periodo en el cual los y las jóvenes reciben seguro médico a través del IMSS y una beca mensual de $7,572 pesos. Este monto se calcula con base en el salario mínimo, por lo que presenta un incremento real anual de 60% desde 2019.
Para este año se aprobó un presupuesto de 24.2 mil millones de pesos para atender el programa, lo que representa 85% de los recursos destinados a la STPS (Ramo 14). Además, desde el inicio del programa, se ha ejercido un total de 131 mil millones de pesos reales.
Este cambio legislativo pondría una presión adicional en las finanzas públicas del país sin tener información sobre cuántos jóvenes que recibieron la capacitación han logrado incorporarse al mercado laboral formal. Es decir, se seguirán destinando recursos públicos a un programa cuya efectividad para contribuir a la inclusión laboral de los jóvenes no ha sido medida ni comprobada.
