Cuando este tipo de juicios se atrasan no sólo se perjudica a uno de los padres, sino también al bien superior de las y los menores, que es el derecho a una pensión alimentaria y al reconocimiento
Al cierre del 2023 sumaban 300 demandas de reconocimiento de paternidad en el Poder Judicial, dio a conocer la diputada Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, quien aseguró que para dar celeridad a estos asuntos se tiene etiquetado un recurso para la realización de las pruebas de ADN.
Señaló que ya está etiquetada esa cantidad para que se realicen las pruebas de ADN, por tanto, dijo, ya no se pueden desviar estos recursos para otros fines, por lo que, señaló, esto es una garantía para que las y los menores cuenten con acceso a alimentación y sean reconocidos.
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La legisladora, sin embargo, manifestó que no quitará el dedo del renglón para que 300 casos que hay de demandas de reconocimiento de paternidad y que no pueden avanzar por el tema de que no hay recursos para las pruebas de ADN avancen, pues “son muchas niñas y niños que están esperando una prueba de ADN, mientras el papá ya se fue y no puede ser que por culpa de la Fiscalía esté sucediendo eso”, mencionó.
Aunque, aclaró, que cuando el secretario de Finanzas presentó su proyecto de egresos dijo que el recurso de las pruebas para reconocimiento de paternidad ya era un recurso que estaba etiquetado.
Gutiérrez Ruvalcaba señaló, sin embargo, que el hecho de que se realicen las pruebas de ADN de manera pronta no significa que en su totalidad vayan a avanzar los casos, situación por la cual también se aprobó la reforma al Poder Judicial, para que los casos no estén parados por años, señalando que las y los menores tienen derecho a la alimentación y a tener una identidad.
Reiteró que de acuerdo a la información del Poder Judicial hay 300 demandas detenidas por reconocimiento de paternidad, donde cada 3 de 4 niños de padres y madres separados no reciben una pensión alimenticia, donde el 95 por ciento de las demandas son interpuestas por mujeres.
La legisladora hizo hincapié en que no todo es responsabilidad de la Fiscalía, reiterando que no sólo se detienen los juicios por la falta de pruebas de ADN para comprobar la paternidad, sino por la demanda de trabajo que hay en el Poder Judicial, señalando que ahí el magistrado presidente deberá de poner atención para que estos juicios no se atrasen por más tiempo, pues cuando este tipo de juicios se atrasan no sólo se perjudica a uno de los padres, sino al bien superior de las y los menores, que es el derecho a una pensión alimentaria y al reconocimiento.
