El peso de las razones
La gestión política de la incredulidad
Se trata del relativismo, la herejía de los antropólogos, posiblemente la idea más absurda que se haya defendido jamás en filosofía moral
Bernard Williams, Morality
Hay una paradoja que atraviesa el discurso público actual: se afirma con ligereza que la verdad no existe, que es una construcción histórica o una convención de poder, y a la vez se condenan con vehemencia la mentira, la manipulación y la desinformación. Se pretende vivir sin verdad, pero no sin falsedad. Y esa pretensión es, sencillamente, incoherente.
Si la verdad no existe -si no hay ningún criterio, ni siquiera provisional, que permita distinguir lo verdadero de lo falso-, entonces la noción misma de falsedad se evapora. No puede haber mentira donde no hay verdad. No puede haber engaño donde no hay algo que pueda ser distorsionado. Querer conservar la indignación moral contra la mentira mientras se renuncia a toda idea de verdad es como querer castigar el robo después de abolir la propiedad.
Esta paradoja no es un descuido menor ni un mero tecnicismo filosófico. Es uno de los síntomas más claros del deterioro conceptual de nuestra vida pública. Se desconfía de la verdad porque se la asocia, no sin razones históricas, con el dogmatismo, la imposición y el abuso de poder. Pero en lugar de corregir esa idea -en lugar de defender una noción modesta, falible y revisable de verdad- se opta por dinamitarla por completo.
El resultado es una cultura que se declara escéptica y, al mismo tiempo, profundamente moralista. Escéptica respecto de los hechos, de la evidencia, de los criterios de corrección. Moralista en la denuncia, en la condena, en la asignación de culpas. Se sospecha de todo, menos de la propia sospecha. Se relativiza todo, excepto la indignación propia.
Este gesto es cómodo, porque permite ocupar simultáneamente dos posiciones que, en rigor, se excluyen. Por un lado, la pose relativista: nadie posee la verdad, todo es interpretación, todo depende del punto de vista. Por otro, la seguridad casi religiosa de quien sabe perfectamente cuándo alguien miente, manipula o desinforma. Se renuncia a la verdad, pero se conserva intacto el dedo flamígero y acusador.
La incoherencia se vuelve aún más evidente cuando se apela al “daño”. No importa si algo es verdadero o falso, se dice, lo importante es el daño que causa. Pero el daño mismo presupone hechos: presupone que algo ocurrió, que alguien hizo algo, que hubo consecuencias. Incluso el lenguaje del daño necesita anclarse en algún tipo de realidad compartida para no disolverse en mera retórica emocional.
Solo hay una manera de evitar esta contradicción, y es asumir un escepticismo total, radical, sin concesiones. Un escepticismo que no solo dude de la verdad, sino también de la falsedad; no solo de los hechos, sino también de las acusaciones; no solo de los otros, sino de uno mismo. Pero casi nadie está dispuesto a pagar ese precio. Porque ese escepticismo no permite la comodidad moral de la denuncia ni la superioridad simbólica del juicio.
En la práctica, lo que se adopta no es un escepticismo filosófico serio, sino una versión oportunista de la sospecha. Se duda cuando conviene, se cree cuando resulta útil. Se relativiza lo incómodo y se absolutiza lo que confirma nuestras lealtades. No se trata de una crítica al conocimiento, sino de una gestión política de la incredulidad.
Así, la verdad deja de ser un ideal regulativo y se convierte en una ficha más del juego político y cultural. No importa qué sea el caso, sino quién lo dice, desde dónde lo dice y a quién beneficia que lo diga. El problema no es que estas preguntas sean irrelevantes; el problema es que se conviertan en sustitutos de la pregunta por la verdad.
Una cosa es reconocer que nuestro acceso a la verdad es siempre mediado, parcial y falible, y otra muy distinta es concluir que, por ello, la verdad no existe. Confundir falibilismo con relativismo es uno de los errores intelectuales más costosos de nuestro tiempo. El primero exige humildad epistémica; el segundo, irresponsabilidad conceptual.
Sin una noción mínima de verdad, no hay deliberación pública posible. Solo quedan relatos enfrentados, afectos en guerra y acusaciones cruzadas. La política se convierte en una disputa estética -de gestos, consignas y emociones- y el desacuerdo deja de ser un conflicto racional para transformarse en una pugna moral entre identidades.
De manera paradójica, quienes más proclaman que la verdad no existe suelen exigir un asentimiento incondicional a sus propias narrativas. No reclaman verdad, dicen, pero sí adhesión. No piden argumentos, sino sensibilidad. No ofrecen razones, sino señales de pertenencia. Y cualquier disenso es leído, no como error, sino como traición, herejía o adversarialidad.
Este clima favorece una forma particularmente tóxica de discusión pública: aquella en la que nadie se equivoca, pero todos mienten; en la que no hay verdad, pero sí culpables; en la que no hay hechos, pero sí responsables. Una cultura así no corrige errores, los castiga. No aprende, expulsa.
Defender la verdad, en este contexto, no es un gesto conservador ni autoritario. Es, por el contrario, una condición mínima para la crítica. Solo si algo puede ser verdadero o falso tiene sentido discutirlo, revisarlo, corregirlo. Solo si admitimos que podemos estar equivocados tiene sentido deliberar.
Renunciar a la verdad no nos vuelve más libres ni más críticos. Nos vuelve más manipulables, dogmáticos y crueles. Porque cuando no hay verdad que buscar, solo queda poder que ejercer. Y cuando no hay falsedad que demostrar, solo queda culpa que asignar.
No podemos seguir denunciando la mentira mientras celebramos la muerte de la verdad. No podemos exigir responsabilidad mientras negamos los criterios mismos que la hacen posible. O aceptamos una noción falible de verdad, o nos resignamos a una sospecha sin fin que termina devorándolo todo.
La alternativa no es entre dogmatismo y relativismo. Esa es una falsa dicotomía que empobrece la discusión pública. La alternativa real es entre una cultura que asume el riesgo de estar equivocada y una cultura que prefiere la seguridad moral de la acusación permanente. Y esa elección, nos guste o no, define el tipo de vida pública que estamos construyendo.
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