- En el estado hay personas hasta con 37 ingresos por robo de ganado
- El tema demanda nuevos mecanismos de control, dice Muñoz Vázquez
Felipe Muñoz Vázquez evitó lanzar las culpas hacia la cancha del Poder Legislativo, y dijo que la Procuraduría General de Justicia, a su cargo desde hace varios años, estaría encantada de encarcelar por periodos más largos de tiempo a los ladrones de ganado, situación imposible, pues en la entidad este delito no se considera como grave.
En abigeato y en robo a casa habitación, dijo, hay personas hasta con 37 ingresos a prisión. Recordó el reciente caso de un detenido, con 21 ingresos y cinco sentencias condenatorias, quien poco había tardado en reincidir.
“Es un tema en el que tenemos que buscar otros mecanismos de solución porque esta gente vive de eso”.
El funcionario aseguró que la Procuraduría trabaja sobre un problema de fuertes dimensiones a través del contacto directo con los damnificados procedentes, principalmente, de los municipios del interior.
“Estuvieron conmigo pobladores del municipio de San Francisco de los Romo, aproximadamente diez personas. Me llevaron periódicos y nombres. ‘A este ya lo detuvieron. ¿Por qué anda en la calle?’. Son delitos que alcanzan fianza. Vamos a detener a los que les acaban de robar, pero van a volver a salir bajo fianza”.
Añadió que “la ley es así, no podemos estar por encima de lo que marca la norma. A nosotros nos encantaría que se quedaran”.
El 5 de julio de 2011, la Comisión de Justicia de la legislatura saliente aprobó por unanimidad un dictamen de reforma al Código Penal del Estado, con motivo de reforzar las sanciones contra el robo de ganado.
Ese documento, atascado en la agenda del Poder Legislativo, da origen a los tipos penales de abigeato, abigeato equiparado y robo equiparado.
El priista Gregorio Zamarripa Delgado, entonces titular de esa comisión, dijo que las penas se endurecerían con la reincidencia.
El abigeato equiparado abarca a quienes marquen o alteren las marcas del ganado con ánimo de apropiárselo. Para este caso hay penas de dos a cuatro años de cárcel y de 100 a 200 días de salario mínimo, además de la reparación de otros daños.
Ese dictamen también contempla penas de nueve meses a 16 años de prisión para quienes roben material eléctrico en el entorno rural.
