Acaso la exigencia ciudadana más sentida al quehacer parlamentario es que brinde respuestas claras a la sociedad, para que la ley sea instrumento de garantía efectiva de los derechos humanos y procuradora del bienestar de las personas, sobre todo, debe velar por los derechos sociales de los más vulnerables.
Con el fin de particularizar y entrar en materia, haré referencia a una de las múltiples actividades legislativas que atendió recientemente el Congreso local. Es el caso de la Ley de Justicia Indígena del Estado de Aguascalientes, aprobada por unanimidad el pasado 5 de marzo.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh, 2012), todos los días padecen discriminación 6.7 millones de mexicanos provenientes de 68 pueblos originarios, especialmente quienes hablan alguna de las 365 lenguas indígenas.
Aguascalientes, por su ubicación geográfica y por contar con una amplia infraestructura en materia de comunicaciones, es punto de tránsito para miles y miles de hermanos indígenas, ya sean connacionales o provenientes de los pueblos de América del Sur.
Aunado a ello, de acuerdo a información del Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Aguascalientes contaba hace cinco años con una población de dos mil 436 personas mayores a los cinco años de edad hablantes de alguna lengua indígena. Según estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), la cifra ha aumentado a cerca de cuatro mil personas.
Por ello, teníamos que atender una problemática real que, de no hacerlo, podría agudizar las condiciones de discriminación y vulnerabilidad que padecen las personas indígenas. Había que garantizar sus derechos por el sólo hecho de transitar por el territorio estatal y confeccionar un marco legal que alentara y protegiera su cultura, tradiciones y raíces. Nos correspondía exigir normativamente a las dependencias públicas que garantizaran sus derechos sociales y políticos, les brindaran acceso a la educación, a la salud, al empleo y a mejores condiciones de vida.
De ahí que atendimos y debatimos diferentes iniciativas, de Movimiento Ciudadano y del Ejecutivo (cronológicamente en ese orden), y enriquecidas con propuestas de diversos grupos parlamentarios, de las cuales emanó la Ley de Justicia Indígena del Estado de Aguascalientes.
Al pasar de lo particular a lo general, percibimos que nuestro estado y país son un mosaico de realidades que se mezclan y aglutinan. En México, la pluralidad da forma a una gran nación.
Es fundamental generar instrumentos legales para que los gobiernos implementen políticas públicas más eficientes, que atiendan efectivamente las causas sociales y den respuesta puntual a problemáticas concretas. Es preciso atender las necesidades de una vasta población; garantizar los derechos sociales de una nación multicultural, en la cual se agrupa una rica diversidad de ideologías, creencias y conductas. Hay que actuar de forma resolutiva, informada y generosa.
Uno de nuestros mayores desafíos es construir cauces para el desarrollo de quienes viven en condiciones de pobreza. En 2012, más de 53 millones de mexicanos vivían en una situación desfavorable, es decir, el 45 por ciento de la población del país. Cerca de once millones de mexicanos en condiciones de pobreza extrema.
Otro reto que demanda nuestra puntual atención es poner un freno al avance de la desigualdad en la distribución del ingreso. Una democracia debe actuar con sentido social y disminuir la brecha que existe entre ricos y pobres. Ciertamente un tema pendiente y urgente es el de replantear el modelo socioeconómico vigente.
Es inadmisible que las personas padezcan hambre. Éste es un problema social que atenta a la vida y la dignidad ciudadana. El hambre es fuente de graves trastornos físicos, mentales y enfermedades, vulnera los más elementales derechos humanos. En México millón y medio de niños sufrió desnutrición en 2013, más de 14 millones padecieron desnutrición crónica y vivieron en condiciones de pobreza alimentaria 27 millones de mexicanos. En este contexto, resulta alarmante que habiten en comunidades rurales de agricultores el 50 por ciento de los mexicanos que padecen hambre.
Debemos transformar nuestro entorno con conocimiento y responsabilidad. Desde luego, a los poderes públicos corresponde el mayor compromiso, pero en ésta, como en muchas otras tareas, cada sector social y productivo tiene su parte relevante. Estamos llamados a sumar esfuerzos quienes anhelamos un país más productivo en el cual no exista la pobreza y se combata abiertamente la desigualdad. Es fundamental cimentar nuestros anhelos en políticas públicas que rompan el ciclo de la pobreza y generen capacidades productivas y oportunidades para todos.
Como sostiene el PRI en sus documentos básicos: “México debe ser un país de iguales, donde todas y todos: indígenas, mujeres en situación de riesgo, adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes, migrantes, grupos vulnerables y todas las minorías, ejerzan plenamente sus derechos humanos”.
