- Gerardo Cruz Bedolla es ahora aspirante a fiscal electoral
- Las tres indígenas fueron liberadas luego de tres años de cárcel al no encontrarse culpables
El Ministerio Público federal, Gerardo Cruz Bedolla, que integró el expediente en contra de tres indígenas otomíes por el presunto secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en Santiago Mexquititlán, Querétaro, en el año 2006, y que ahora es aspirante para ostentar el cargo de fiscal especial para delitos electorales del estado de Aguascalientes consideró no haber sido responsable del encarcelamiento irregular por tres años de Jacinta Francisco Marcial, y cuatro años de Teresa González y Alberta Alcántara.
Las tres indígenas fueron puestas en libertad al no encontrarse las pruebas suficientes para determinar su culpabilidad, además de las presiones por parte de organizaciones civiles y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que en 2009 emitió una recomendación a la Procuraduría General de la República (PGR) por considerar que acusó a las mujeres con base en testigos falsos y “de oídas”. El señalamiento no fue aceptado por la autoridad ministerial.
En 2015, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del Gobierno Federal solicitó indemnizar de inmediato a las mujeres a fin de reparar el daño moral y patrimonial que la Procuraduría General de la República (PGR) y su personal les ocasionaron. Una de las irregularidades en el proceso fue no haber contado con un traductor que les explicara el caso a las inculpadas. Por su parte, la defensa de las acusadas también solicitó una indemnización. Hasta el momento, la PGR se niega a reparar los daños.
En su comparecencia como aspirante al cargo de fiscal electoral, Cruz Bedolla fue cuestionado al respecto por el diputado panista Leonardo Montañez Castro. Respondió que a pesar de que él fue el responsable de integrar la averiguación previa en contra de las indígenas, no ocurrieron irregularidades durante su intervención en el caso.
“Mi intervención en dicho asunto fue como agente investigador, me correspondió integrar la averiguación previa penal (…) una vez integrada la averiguación previa, y encontrándose acreditados los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de estas personas, se ejerció la acción penal correspondiente ante el órgano jurisdiccional respectivo, quien emitió la orden de aprehensión al estimar que estaba comprobado el cuerpo del delito y la responsabilidad de las personas, hasta ahí concluyó mi intervención”.
Cruz Bedolla agregó que tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como el Órgano Interno de Control de la PGR investigaron el caso y no encontraron irregularidades en su trabajo como Ministerio Público federal, sin embargo, luego se determinó que el expediente no contaba con las pruebas suficientes para sentenciar a las indígenas como culpables.
Según lo comentado por Cruz Bedolla, Jacinta Francisco Marcial, Teresa González y Alberta Alcántara fueron encontradas culpables con base en su investigación de participar como autoras instigadoras durante el presunto secuestro, por lo que fueron sentenciadas a 21 años de prisión. Para el Ministerio Público federal no existe responsabilidad en su persona por la integración irregular de la averiguación previa: “En este tipo de situaciones ya será la autoridad competente a la que le corresponda decidir, es un asunto que actualmente se encuentra en litigio”.
–¿Cree usted que la ciudadanía puede confiar en alguien con estos antecedentes?
–Pues lo único que puedo decir es que me someto al escrutinio y ahí está la labor y mi trabajo que he desempeñado a lo largo de mi carrera.
El Observatorio de Violencia Social y de Género emitió un comunicado en el que manifestó su desacuerdo ante la posibilidad de que Gerardo Cruz Bedolla pudiera llegar a ser titular de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales por su participación en el caso antes mencionado: “Para el Observatorio, el hecho de que Cruz Bedolla esté considerado como una persona probada para dictaminar delitos electorales después de ser parte de una cadena de funcionarios que condenaron injustamente a tres mujeres indígenas, por quienes abogaron instancias nacionales e internacionales, es una incongruencia y sería otorgar un “premio” a quien está involucrado en casos de violaciones de derechos humanos”.
Actualmente Cruz Bedolla se desempeña como Ministerio Público federal en la segunda agencia investigadora de la PGR con sede en Guadalajara.
