- Sólo algunas entidades federativas han tenido experiencias exitosas en la materia
- El foro de Extinción de Dominio será una herramienta clave para el combate a la delincuencia organizada y la corrupción
El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Fernando Herrera Ávila, destacó que los resultados de la aplicación de la Ley Federal de Extinción de Dominio no han sido del todo satisfactorios y adelantó que la normatividad será sujeta a revisión en el Senado de la República.
Al respecto, el legislador panista indicó que en la reciente reforma constitucional aprobada en materia de combate a la corrupción, se incluyó el delito de enriquecimiento ilícito como causal para iniciar el procedimiento de extinción de dominio.
Durante su participación al inaugurar el Foro Extinción de Dominio, el coordinador de la bancada blanquiazul sostuvo que sólo algunas entidades federativas han tenido experiencias exitosas en este terreno.
Herrera Ávila señaló que si bien la mayoría los predios pasaron a ser propiedad de los gobiernos locales, muchos se encuentran abandonados por diversos motivos, entre ellos, la falta de recursos para su restauración y puesta en marcha.
En ese contexto, el senador advirtió que el propósito de la creación en junio de 2009 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, era restar poder al crimen organizado en la ocupación de inmuebles que utilizaban como centros de operación para delinquir, “casas y predios que se usaban para explotación sexual, zonas de distribución de drogas o deshuesaderos de autos robados, deberían ser convertidas en espacios de recreación en beneficio de la sociedad”.
“El foro de Extinción de Dominio será un espacio para analizar esta figura jurídica como una valiosa herramienta para el combate a la delincuencia organizada y ahora también contra la corrupción”, resaltó el coordinador de la fracción panista en el Senado.
Para concluir el senador por Aguascalientes añadió que el Senado de la República asume su responsabilidad en la búsqueda de soluciones que garanticen a la sociedad que el estado cuente con las herramientas adecuadas para el enfrentar al crimen y proteger a las víctimas.
