Aguascalientes, Ags. 7 de agosto de 2012
Ing. Francisco Aguirre Arias
Director de La Jornada Aguascalientes.
Estimado señor director:
Mi colaboración del pasado lunes: “Las cuentas y los cuentos de Carlos y Lorena” motivó la respuesta inmediata del empleado del Ejecutivo estatal en el Congreso del Estado, Gregorio Zamarripa Delgado, quien con marcado cinismo y fiel a su torcida formación política, confirma una vez más que “lo que natura non da, Salamanca non presta”. La aprobación de las cuentas públicas que recién aprobó el Poder Legislativo correspondieron al segundo semestre de 2010 y afirmé que a los ayuntamientos de Aguascalientes y Jesús María, presididos por Gabriel Arellano Espinosa y Gregorio Zamarripa Delgado, ahora diputados, se les exigió devolver a las arcas públicas más de 10 y 5 millones de pesos respectivamente. ¿Qué esos ayuntamientos no los presidieron constitucionalmente Gabriel y Gregorio hasta que se retiraron para abrazar el fuero de diputados? No me extraña que Gregorio tenga problemas en la lectura de comprensión como problemas tuvo cuando le hicieron las observaciones y recomendaciones a la cuenta pública de Jesús María, correspondiente al segundo semestre del año 2008, dadas a conocer mediante oficio del OSF el 26 de febrero de 2010 a él como presidente municipal, sin que corrigiera las irregularidades pese a que ya había sido amonestado por no solventar las observaciones presentadas en el semestre anterior, dado que preparaba consulta pública para solicitar licencia y pasar a ser diputado.
La mejor medición del buen desempeño de un gobierno es la eficacia, transparencia, rendición de cuentas, legalidad y honestidad y ninguno de estos activos se encuentran presentes en las cuentas públicas presentadas por Gregorio Zamarripa, sino todo lo contrario.
Durante su ejercicio público en relación al gasto violó la Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la Ley de Obra Pública, Ley Municipal, así como su propio Código Municipal, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.
Las principales irregularidades en las que incurrió como presidente municipal fueron exención, rezago, discrecionalidad, opacidad e ilegalidad en el pago de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.
Rezago en el cobro de impuesto predial por 12 millones de pesos; exención de pago de multas y recargos; cobros inferiores a los establecidos en la Ley de Ingresos en impuesto a diversión y espectáculos; cobros discrecionales en derechos, subdivisión, fusión y rezonificación, transportación de residuos, permisos de construcción y supervisión de obra, productos, venta y arrendamiento de bienes inmuebles y aprovechamientos (multas).
Transferencias, subsidios y donativos otorgados sin fundamento legal ( 10 mil pesos a regidores para gestión social), Fondo Resarcitorio ejercido ilegalmente después de ser transferido al directo municipal (644), compra de vehículos (102) y subsidio a estudio hidráulico (105).
El Fondo de Aportación al Fortalecimiento de los Municipios utilizado para pago de honorarios, bonos de productividad, despensas, adquisiciones oscuras de bienes y servicios como pagos duplicados de mantenimiento de vehículos.
El Fondo de Infraestructura Social Municipal utilizado discrecionalmente con fines electoreros para la compra de materiales de construcción sin que la lista de beneficiarios especifique la cuantía del material recibido.
Obra pública en la que destacan pagos indebidos, excesivos, extemporáneos, obras sin expedientes y expedientes sin obra, obras incompletas, de mala calidad y sin licencia de construcción.
El monto que tendría que resarcir la administración municipal presidida por el hoy diputado y ex coordinador en Aguascalientes de la campaña de Enrique Peña Nieto supera en mucho los 5 millones detectados al sucesor de su sucesor, y si a ello sumamos la afectación que realizó al patrimonio municipal por su ineficacia y violación a la ley, el daño aumenta exponencialmente, y a las cuentas públicas me remito, mismas que pese a las irregularidades presentadas fueron aprobadas por la LX Legislatura de la que fui parte, con mi voto en contra, por supuesto, en la que no sólo prevaleció la mayoría prianista sino el “tapaos los unos a los otros”. Por menos en un estado democrático y de derecho, Goyo estaría en la cárcel y sin libertad bajo fianza. Pongo señor director a disposición de La Jornada Aguascalientes y de quien lo requiera los dictámenes de las cuentas públicas que confirman lo antes dicho.
Nora Ruvalcaba
