El Nuevo Sistema de Justicia Penal en México entró en vigor finalmente, luego de varios años de trabajo desde el legislativo y con la colaboración de especialistas en la materia, con buenas intenciones suponemos, pero ya en la práctica veremos si se cumple.
Estas acciones sin duda representan un reto, pero además se constituirán como un parteaguas en la forma de llevar a cabo los juicios en el país, por ello es importante hacer algunas puntualizaciones, sobre todo para que la ciudadanía esté enterada de las modificaciones que el mismo contempla.
Entre varios puntos, fundamentalmente plantea el respeto de los derechos tanto de la víctima como del imputado, partiendo de la presunción de “inocencia” para este último, lo cual “fortalecerá el debido proceso y el pleno respeto a los derechos humanos de los involucrados en una investigación o procedimiento penal.”
Además contempla la inclusión solamente de siete tipos de delitos que serán considerados graves y por los que los infractores deberán ser encarcelados preventivamente durante el proceso: crimen organizado, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, e infracciones graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
En el resto de los ilícitos, los imputados podrán enfrentar el juicio en libertad, lo cual ha dejado cierta incertidumbre, sin embargo, expertos en derechos humanos y en derecho penal aseguraron en su momento que esto no significará la existencia de vacíos en la norma.
Respecto a lo anterior, vale la pena considerar que casi la mitad de la población penitenciaria de nuestro país es inocente, o por lo menos se presume que lo sea, muchos más llevan un proceso pendiente que los mantiene en prisión a veces hasta por años.
Hay que agregar que cada preso le cuesta al estado en promedio de 140 pesos al día- y son más de 233 mil los reos en todo el país-; considerar también, que las prisiones mexicanas están en su mayoría al 130 por ciento de su capacidad, y algunas superan incluso el 300 por ciento.
Dentro del proceso penal existirán tres etapas y cada una de ellas será supervisada por un juez distinto: la de investigación; la etapa intermedia y los juicios orales; última fase que ha sido la que más ha atraído la atención, ya que se pretende brindar justicia de una forma más ágil, a través de audiencias públicas, la parte acusadora y la defensa, debatirán sus posturas.
Ya en la práctica, el juez de juicio oral deberá escuchar a las partes y valorar las pruebas para poder dictar la sentencia que determine la culpabilidad o inocencia del imputado, la cual tiene que ser leída y explicada de una manera clara y precisa para el acusado y la víctima. Al mismo tiempo, las partes lograrán un acuerdo para reparar el daño, auxiliados por un especialista en mediación o bien en conciliación.
Además, la justicia estará orientada a favorecer a la víctima mediante un conjunto de mecanismos más transparentes y eficaces de tal suerte que solamente un porcentaje menor de los asuntos llegarán a la etapa de juicio oral.
Así pues el nuevo modelo de administración de justicia pretende una modificación de prácticas de años, sin embargo es imperativo reflexionar si los involucrados serán capaces de llegar al cumplimiento de los objetivos. Se ve difícil y es que por ejemplo los recursos canalizados a las entidades federativas no han sido suficientes a pesar de los esfuerzos.
El caso de Aguascalientes es el que nos ocupa, definitivamente no hay la infraestructura adecuada ni el personal suficiente para entrar de manera decorosa al planteamiento de esta reforma constitucional. Además hace falta una convicción plena de que lo que requiere este país es precisamente voluntad para hacer justicia, y definitivamente no la hay.
Lamentablemente la corrupción sigue estando latente en cada uno de los eslabones del sistema: desde los policías, fiscalías, juzgados y el propio aparato penitenciario. Se ve pues difícil que los resultados en el corto y mediano plazo sean los esperados, al mismo tiempo será necesario irlo replanteando de acuerdo a las necesidades del día a día.
Mientras no cambiemos desde las bases la forma de impartir justicia, y me refiero a la gente que trabaja en el sistema pero también el propio ciudadano que de una forma participa o fomenta los actos de corrupción, será difícil que las cosas cambien.
Por lo pronto no nos queda más que ver desde cerca su evolución y tratar de hacer lo que nos corresponde para modificar el actual modelo que tanto daña a nuestra sociedad.
