Antes de empezar esta columna quisiera decir que a lo largo de la misma utilizaré la palabra “fuero” que se refiere, según la jurista Gabriela Mojica Rayón, a tres manifestaciones doctrinales: 1) La imposibilidad de proceder penalmente contra determinados servidores públicos de alta jerarquía sin agotar previamente un procedimiento para privarlos de una protección particular; 2) La irresponsabilidad jurídica de los legisladores en cuanto a las circunstancias derivadas de la manifestación de sus opiniones en el desempeño de su cargo, y 3) Los supuestos específicos y la forma de enjuiciamiento en caso de que se acuse penalmente al titular del ejecutivo. El fuero pues, es un atributo (privilegio) del que gozan diversos servidores públicos que tiene más de un alcance, de hecho tiene 4: el político, el administrativo, el penal y el civil; y que se utiliza para dar inmunidad a los servidores públicos en esas cuatro vertientes.
La razón de su creación fue evitar que, por voluntades políticas, se fincara alguna falsa acusación a algún funcionario incómodo, proteger dicha función de los amagos del poder o de la fuerza. Evitar que el régimen predominante en turno acabase con la pluralidad de las diferentes expresiones de ideas. Pero nuestra clase política lo pervirtió: se convirtió en una herramienta para idónea para fomentar y proteger la concentración de poder, en un pasaporte a la impunidad, violando el principio de igualdad ante la ley provocando que los funcionarios (que en teoría no hacen más que ostentar la ejercicio de un poder del que la ciudadanía es titular) no fueran juzgados como un ciudadano cualquiera por la comisión de delitos o faltas administrativas que nada tienen que ver con la libre expresión de sus ideas. Se volvió un instrumento anacrónico en un país que tiene mecanismos jurídicos suficientes para proteger la libertad de expresión sin necesidad de charolas.
Dicho lo anterior, comencemos.
El 28 de julio en el Congreso del Estado de Aguascalientes se discutió la aprobación de la iniciativa que buscaba eliminar el fuero para los funcionarios que gozaran del mismo en nuestro estado. Seamos más técnicos (porque es necesario). Se buscaba eliminar el fuero… en su vertiente penal, civil y administrativa; más no política (la que se refiere a la inmunidad parlamentaria y de otros servidores por cuanto va a las manifestaciones de opinión). En otras palabras: en la iniciativa que se votó la inmunidad ante la expresión de ideas quedaba intacta, pero ante cualquier otro delito o falta administrativa el funcionario sería juzgado como un mortal más sin que mediara juicio de procedencia alguno (es decir, sin que los miembros de su partido en el Congreso pudiesen evitarlo).
Maravilloso, a todas luces bueno. Limitaríamos la impunidad, combatiríamos el complejo de príncipe de la clase política y todos podrían expresarse como les viniera en gana al amparo de la ley. Pero era demasiado bueno para ser verdad.
A la hora de votar la iniciativa (de un tema irónicamente impulsado por un diputado local del PAN), la votación quedó como sigue: 17 votos a favor (PRI, PVEM, PRD, MC y PT), 1 en contra (PAN), 8 abstenciones (PAN y PANAL) y una inasistencia (PRI). Al tratarse de una reforma a la Constitución local se requerían por ley la aprobación de 2 de 3 partes del Congreso, esto es, 18 de los 27 diputados locales que hay. Faltó un voto. No nos puede quedar duda de que nuestros diputados saben contar y tienen capacidad de obediencia.
Pero ¿qué pasó? En el fondo esto no fue más que un enfrentamiento de intereses mezquinos entre el PRI y el PAN: el PRI insistiendo en que Martín Orozco Sandoval tiene procesos penales pendientes buscando a toda costa dejarlo virtualmente sin la protección del fuero con la esperanza (jurídicamente infundada) de que, en una eventual legislatura priista (que no será la siguiente) se le pueda someter a un juicio político; el PAN, contradiciendo por completo su actual discurso y dándole la espalda a un reclamo ciudadano de combatir la corrupción, absteniéndose de votar a favor de la eliminación del fuero con tal de proteger al gobernador electo de posibles consecuencias políticas y jurídicas o de una persecución al estilo priista. No obstante lo anterior, en una de esas situaciones que pocas veces pasan en política, esta rencilla nos pudo haber beneficiado. Se pudo haber eliminado el anacrónico privilegio del fuero.
El reclamo de miles de ciudadanos que buscan (buscamos) acabar con la impunidad fue supeditado a intereses particulares y personalísimos.
¿Cómo pudieron?, ¿no pensaron en la gente?, ¿Qué no había otra forma? Sí, la había.
Si el objetivo del PAN al “convencer” al Panal y al diputado priista que no acudió a la sesión de abstenerse de votar su propia iniciativa (no me canso de repetir la ironía) era proteger a Martín Orozco, se “quemaron” en vano. Existen medios jurídicos suficientes para que el hombre se proteja solo, termine su mandato y viva en paz (merecidamente o no) durante el resto de sus días sin necesidad del fuero que antes de ser Senador no tuvo. Pudieron votar a favor sin miedo, ser congruentes con su discurso y obtener tajada electoral. Pero no.
Lo triste fue ver en redes sociales a los panistas (declarados y de closet) e incluso a la izquierda partidista que cuando el PRI votó en contra de la Ley 3de3 en el Senado, se desgarraron las vestiduras señalándolos de traidores a la patria, de corruptos, de farsantes (con toda la razón), comportarse de otra manera cuando su partido traicionó los intereses de la gente diciendo que “era un tema coyuntural”, que era un intento del PRI de “estar a la moda”, que “había otros temas relevantes”. ¿Es en serio?, ¿más relevantes? ¿Cuando el PRI vota en contra es traición a la democracia pero cuando el PAN se abstiene es porque hay “temas más relevantes, fuera de discursos populacheros y política de rancho”?
Yo les digo algo, a los que pregonan combate a la corrupción en sus dichos pero la obstaculizan en los hechos en mi “rancho” se les dice hipócritas. Y nos acordamos de sus nombres. Y no votamos por ellos.
