Esta no es una columna para defender a Cuauhtémoc Blanco como alcalde. Haberse presentado, me parece, a una elección popular sabiendo que no tenía las credenciales, experiencia, conocimientos, habilidades que se requieren para ese puesto va claramente en detrimento de la democracia no como estructura sino como generadora de contenidos virtuosos. Creo también que muchos de nuestros gobernantes no cumplen con ese perfil. Las razones por las que Cuauhtémoc fue elegido, independientemente de las coincidencias con otros ejecutivos y legisladores: su popularidad, la forma de llevar la campaña, la disrupción misma que podría suponer para el sistema político convencional, todas terminan por sintetizarse en las posibilidades de una democracia. La semana pasada hablaba de que podemos equivocarnos al elegir, pero eso no quiere decir que nuestra libertad de elección esté mal en lo absoluto.
Hace casi dos años escribí una columna donde defendía la posibilidad de tener candidaturas de este tipo, con corte, digamos, meramente mediático, incluso la de un payaso (como estuvo a punto de serlo aquel que se hace llamar Lagrimita). Hoy el alcalde electo de Cuernavaca se encuentra a punto de la destitución como alcalde, función que pende, en este momento, sólo de un amparo otorgado por la SCJN. ¿Debe Cuauhtémoc Blanco ser destituido como alcalde? Las razones que se adujeron públicamente fueron tres: que su gobierno no manifestaba avances, que había aceptado dinero para ser candidato y que no cumplía con el requisito de residencia que la ley marca.
El Congreso de Morelos, finalmente, adujo con fortaleza la tercera de las razones. Se acusó de haber falsificado documentos. Ninguna de las tres me parece menor. El problema que veo es que me parece casi imposible que cualquier otro alcalde, perteneciente a un partido político, pudiera pasar por un proceso similar ante circunstancias similares.
No creo que Cuauhtémoc, por ser de un partido “pequeño” o un representante de eso que llamamos “pueblo”, deba tener consideraciones especiales: si cualquiera de las razones presentadas (así fuera una fotocopia no entregada en tiempo informa) hace que se invalide su nombramiento o merezca ser revocado, aplaudamos que así sea. No deja, en cambio, de sorprenderme, que cuando se plantea la revocación del mandato se hable de esto como una forma imposible por parte de los partidos y ahora sean éstos quienes, con prestancia, lo hacen. Es claro que nos encontramos ante un caso de justicia selectiva: Blanco pudo haber violado la ley, pero hemos vivido casos como el de Duarte, en que éste lo hizo con evidente mayor daño al erario, cuando por meses y meses hubo denuncias que ratificaban su incompetencia y su corrupción y, sin embargo, no hubo velocidad para solucionarlo.
Vivimos en un país en donde es común que se dé trato preferencial a un tipo de ciudadanos: aquellos con más poder adquisitivo, aquellos con mayor influencia política. El problema de la desigualdad económica se presenta aquí en todo su esplendor: no es que no entendamos que es natural que haya diferencias en los estratos económicos, el problema es que no hemos garantizado un igual trato a quien no tiene injerencia. Cuauhtémoc está en indefensión porque no pertenece a un partido grande y porque probablemente al partido por el que fue elegido ahora tampoco le importa tanto su continuidad. No podemos ser indiferentes ante ésta situación. La justicia que hay en un acto de justicia diferenciada no lava la injusticia que también hay en él.
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