El tema que abordamos en el Debate Electoral de la semana pasada, concerniente a los candidatos independientes, tras la convocatoria que emitió el Consejo General, señalaba las generalidades de la figura novedosa de aquellos ciudadanos que, sin estar afiliados a algún Partido Político, contienden por cargos de elección popular. En esta ocasión me gustaría hablar de las particularidades.
Por las fechas del calendario electoral para la elección de presidente de la República, el INE comenzó desde hace algunos meses con el procedimiento de obtención de registro de los Candidatos Independientes para las elecciones federales. Quienes aspiran a un lugar en la boleta presidencial, de las senadurías y las diputaciones, se registraron ante la instancia nacional. En el Instituto Estatal Electoral, el procedimiento para registrarse como aspirante a una candidatura local, justo va iniciando con la emisión de la convocatoria y en próximos días, los aspirantes habrán de acudir a las oficinas del IEE con la documentación que acredite cumplir con los requisitos para que el Consejo los identifique como aspirantes y puedan empezar a recolectar el apoyo ciudadano para que, al final del día puedan ser considerados como candidatos con los mismos privilegios, y también las mismas obligaciones de sus homólogos de partido político.
Esto último adquiere una relevancia superior dentro del contexto: el ser candidato independiente no exime a la persona de cumplir con las disposiciones legales a que se ven sometidos los candidatos de partido en cuanto a obligaciones, por ejemplo, en la fiscalización. La diferencia sustancial es que por obvias razones el independiente no cuenta con una estructura formal tras de sí, razón por la cual, la legislación le obliga a constituir una Asociación Civil, que esté integrada por lo menos por el aspirante, su representante legal y quien vaya a hacer las veces de su tesorero, además de abrir una cuenta bancaria exclusiva en que se vean reflejadas sus transacciones monetarias.
La fiscalización comenzará a la par del registro, no así el financiamiento público. Cualquier gasto en esta etapa debe ser reportado a las autoridades fiscalizadoras aunque haya sido erogado con recursos propios. La razón de ser de tan estricto seguimiento es para evitar el uso de recursos ilícitos, mientras que el financiamiento por parte del estado es un privilegio al que solamente accederán quienes obtengan el registro como candidatos allá por el mes de abril y podrá ser utilizado en las campañas electorales del mes de mayo.
Por lo pronto, el constituir una Asociación Civil y suscribir el contrato con la institución bancaria para la apertura de la cuenta, son gastos que debe sufragar de su bolsillo el aspirante. De igual manera, toda la etapa de obtención de apoyo ciudadano, mejor conocida como la obtención de firmas, que como veremos en su momento, va más allá de garabatear sobre un papel, sino que se procura que sea un verdadero respaldo ciudadano, a través del uso de la aplicación tecnológica.
En este aspecto, la legislación es muy clara: quien aspire a representar a los ciudadanos de un distrito electoral debe contar con el respaldo de la ciudadanía residente, justo en el tiempo de precampañas, volviendo visible al candidato entre quienes votarían por él.
La geografía electoral del estado, como en la de todo el país, muestra la división en células básicas que se denominan secciones electorales. El conjunto de secciones va conformando distritos que se privilegian el equilibrio poblacional y la figura compacta. Para efectos de los aspirantes la regla se complica un poco por lo que es menester realizar un análisis más profundo para clarificarla. Primero habrá de identificar el aspirante el distrito por el cual pretenda contender y revisar el número de inscritos en lista nominal para de ahí obtener el 2.5 por ciento de firmas que requiere: el rango es relativamente corto entre uno y otro distrito, por el criterio de población equilibrada que poseen, es decir, el que menos firmas necesita es el Distrito III (Pabellón de Arteaga y Tepezalá) con 1,109; mientras que el distrito en el que más firmas requiere un aspirante es el XI (Centro Oriente de la ciudad capital) con 1,387.
La cosa no acaba ahí, pues si la premisa es que el respaldo debe ser del distrito completo y no de una sección en particular, entonces el apoyo debe estar disperso a lo largo y ancho del territorio distrital. El aspirante debe verificar cuántas secciones tiene el distrito y de al menos la mitad de ellas, obtener el 2.5 por ciento en cada una.
Dos cosas debemos reflexionar de este somero análisis: no será fácil el procedimiento para la obtención de la candidatura independiente, pues se requiere más que la simple voluntad de querer serlo, sobre todo por la carencia de esa estructura que lo distingue de la candidatura de partido. La segunda es que la autoridad electoral local debe asumir ese faltante, ser apoyo y guía, y erigirse como el principal interesado en que la participación ciudadana trascienda al mero hecho de ir a la urna y votar.
El Instituto Estatal Electoral puso en línea un micrositio para que toda la ciudadanía interesada conozca lo que requiere para convertirse en Candidato Independiente. Por lo pronto, la mesa está servida y los ingredientes a la mano para construir esa ciudadanía que anhelamos.
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