Esta semana las dos instituciones que son referentes en el estado de los temas de transparencia y democracia, el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes y el Instituto Estatal Electoral, inauguraron una nueva relación interinstitucional al refrendar un convenio de colaboración en la materia.
Ambos conceptos tienen en común varios aspectos. Al menos en México se trata de elementos de reciente conformación, análisis, estudio formal, legislación e implementación. Si bien podemos hablar de una tradición electoral que se remonta a la etapa histórica del virreinato, debemos de conceder que tal y como entendemos la materia electoral actualmente no data más allá de un par de décadas, mientras que lo que va del siglo se ha ido perfilando el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, hasta convertirse en algo cotidiano en los últimos años.
Tan es así, que en cuestión legal, con diferencia de unos años, hemos transitado el mismo camino: pasamos de ser un estado sin leyes en la materia, manejada por usos y costumbres y por lo tanto sin democracia, a uno en donde la legislación ha contemplado obligaciones democráticas y transparentes para sociedad y gobierno, hasta el punto en que nos encontramos ahora, inmersos en un periodo de transición en vías de consolidación. Concedo que no hemos llegado al ideal democrático, pero también habrá de concedérseme que, por lo menos en la sociedad actual, somos capaces de discutir, en ese marco de derecho, los temas de transparencia y rendición de cuentas.
Transparencia y democracia, las dos materias, indisolubles, van pues por caminos que se suponen paralelos, y sin embargo a la mitad del camino se confunden, y es que la relación entre transparencia y democracia parte de que los conceptos relativos al acceso a la información y rendición de cuentas son ideas clave en la conformación de cualquier estado que se precie de ser democrático en estos tiempos. De hecho, el acceso a la información se ha convertido en un derecho fundamental, en la misma tesitura en la que hablamos del derecho a votar y ser votado o al de participar de las decisiones del estado de manera asociada. La transparencia, pues, se ha transformado en una de las más importantes políticas públicas del gobierno.
Al respecto, Jacqueline Peschard, quien tiene en su haber ser experta en temas tanto electorales como de transparencia, afirma, en su obra Transparencia y Partidos Políticos, que “La transparencia es uno de los requisitos de un gobierno que no solamente aspira a ser democrático en cuanto a su origen, es decir, porque surgió de un proceso electoral libre, justo y competido, sino en cuanto su operación, o sea, por la manera en que desarrolla las distintas actividades que tiene encargadas. La transparencia es una de las variables de la ecuación de la gobernabilidad democrática”.
Tocando ahora el tema de la legislación novedosa, al menos en la entidad, trasciende lo electoral y transparente a un nuevo ámbito, que lo es el de la participación ciudadana. El papel de la transparencia ya en el gobierno electo democráticamente es el de la evaluación de quienes gobiernan. Mucho se ha dicho y se seguirá hablando sobre si la posibilidad de reelección de los órganos colegiados de gobierno (Congreso del Estado y ayuntamientos) es una relación de premio-castigo en cuanto al desempeño de los representantes populares.
No se entendería, pues, un estado democrático sin transparencia, como la rendición de cuentas sin un ciudadano participativo activamente, que hace uso de los mecanismos legales para revisar con lupa el actuar de los gobernantes, información valiosa y considerada pública, que le permitirá en todo caso exigir y en alguno sancionar a quienes no se hayan conducido por el recto camino del deber.
Llegará el día en que el único secreto que exista, sea el del voto. Por lo demás poco a poco se perfila para que exista un acceso total y absoluto, sin más restricción que la protección de datos personales de toda información en posesión de los entes públicos. La información que estará disponible en todo momento permitirá que el ciudadano sea más participativo, y por lo tanto más democrático, y viceversa, más democrático y por lo tanto más participativo.
El acuerdo firmado entre las dos instituciones, pues, llega en el momento en que somos testigos de la renovación del organismo autónomo encargado de la transparencia en el estado, y en la etapa de preparación del proceso electoral más grande de la historia de Aguascalientes. La sociedad nos ha dado muestras claras de que el panorama político será, cuando menos, inédito. No obstante se refrenda que los derechos políticos, como derechos fundamentales serán la prioridad en la promoción de su ejercicio y su custodia por parte de ambos entes garantes.
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