Estando en las postrimerías del proceso electoral por el cual renovamos los poderes ejecutivo federal, y legislativos nacional y estatal, vendrán los análisis necesarios de todos los que participamos en él, para obtener las conclusiones que permitan evaluar cada uno de los procedimientos de los que se compone el sistema, desde una multitud de variables.
La evaluación de una elección transita no únicamente en lo que sucede el día de la jornada electoral, ni solamente si la casilla abrió a tiempo o si los funcionarios se encontraban debidamente capacitados para ejercer su importante función.
Tampoco se reduce a la calificación que se autoimponga la autoridad administrativa electoral. Es decir, no basta con decir que fueron sustituidos funcionarios o tomados de la fila, ni que se hayan interpuesto dos, cinco o cien medios de impugnación para estar en posibilidades de decir si el proceso es un éxito o un fracaso. Vale la pena desmenuzar cada una de las actividades esenciales del proceso, identificar lo bueno y lo malo desde el punto de vista de quienes participaron en ellas y entonces emitir conclusiones, sobre todo para el inminente trabajo que se viene en la materia.
Uno de los objetivos de la más reciente reforma al sistema electoral consiste, en presente, en homologar los calendarios electorales. Hace algunos años las elecciones locales en Aguascalientes se celebraban tradicionalmente en agosto, al año siguiente de la elección federal. Así, mientras la elección presidencial se desarrolló en 2006, en el estado tuvimos proceso electoral intermedio, es decir, de ayuntamientos y diputados en 2007. Sucedió de igual manera en 2009, 2012 y 2015 con elecciones federales, y la contraparte local sucesivamente en 2010, 2013 y 2016; en este proceso de empate de elecciones, en fechas y años, la legislatura estatal aún vigente, tuvo una duración menor a los habituales 3 años de mandato, a efecto de que pudieran realizarse elecciones concurrentes en el mes de julio 2018.
Este comentario viene a colación toda vez que Aguascalientes, al igual que Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, tendremos un nuevo proceso electoral apenas termine el presente. Luego entonces, el tiempo para realizar la evaluación de los procedimientos se acorta naturalmente, lo que nos obliga a establecer prioridades en cuanto a los aspectos a evaluar.
Para fortuna de esa revisión, la gran mayoría de los procedimientos están plenamente documentados. Cuando la trascendencia de la actividad es tal, tiene su fundamento en los acuerdos del Consejo General o de los Consejos Distritales, cuyas determinaciones se manifiestan en actas, acuerdos y resoluciones, mientras que, gracias al impulso de las Consejeras y los Consejeros del máximo órgano de dirección electoral en el estado, una buena cantidad de procedimientos han quedado descritos en manuales mismos que sientan las bases de las actividades que habrán de volver a realizarse, ahora para la renovación de los ayuntamientos de la entidad.
Será importante que no solamente la autoridad administrativa realice la evaluación, pues como lo anticipaba, candidatos, representantes de partidos políticos, candidatos independientes, militantes, ciudadanos, medios de comunicación, líderes de opinión, observadores, funcionarios de casilla, todos partícipes de este evento, señalen desde su particular óptica, aciertos y desaciertos del proceso vivido, con el afán de detectar las potenciales mejoras para años venideros.
El análisis que resulte de la calidad en la elección, permitirá que dentro de ello también se califique nuestro proceder como ciudadano y, desde luego, la calidad de la democracia que tenemos con miras de obtener la que nos merecemos. Afirma Robert Dahl que para que una sociedad se pueda considerar democrática, ha de exhibir, entre otros, la participación efectiva de un electorado informado e igualdad de votos. Para ello, es necesario fortalecer la forma en cómo elegimos a nuestros representantes gubernamentales (y añadiría la evaluación de cómo los eligen quienes los postulan); fortalecer al árbitro que procura elecciones libres e imparciales; fortalecer los mecanismos que permiten que se participe de manera inclusiva; fortalecer el acceso al voto pasivo; y contribuir al ideal de la libertad de expresión en todas las formas variadas que se han presentado a raíz del impacto de las redes sociales.
Concluyendo con la reflexión, en la medida en que nos sometamos al escrutinio público de nuestro proceder, poseeremos las herramientas necesarias, y la forma de utilizarlas eficientemente, para valorar la democracia en que vivimos y conducir nuestros pasos a la democracia en que queremos, vislumbramos y merecemos vivir.
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