El 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Acceso a la Información, instituido desde 2002. En nuestro país el día del derecho a saber, como también se le conoce, se celebra desde el año 2004.
Mientras que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales realizó una serie de eventos, en Aguascalientes no se realizó ninguna actividad que promoviera entre la ciudadanía el conocimiento del derecho de acceso la información, reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Constitución mexicana como un derecho fundamental.
No es de extrañar la apatía y desprecio hacia este tipo de derechos por parte de la clase política mexicana, que por costumbre tiene la idea de que los ciudadanos no tienen capacidad para participar en la toma de decisiones de gobierno y por tanto debe acatar ciega y sordamente la voluntad del reducido grupo o tlatoani en turno.
A pesar del avance jurídico que hemos tenido en los últimos años, gran parte de la ciudadanía desconoce que existen mecanismos por los cuales es posible exigir acceder a todo tipo de información que generan las instituciones públicas de cualquier nivel y ámbito de gobierno.
Vigente desde el 4 de mayo de 2015, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública presenta varias novedades entre ellas, crea el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales, que a su vez forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción; incorpora a nuevos sujetos obligados inclusive a particulares; somete a los partidos políticos y sindicatos que reciben recursos públicos a publicar los datos que se señalan como obligaciones comunes y específicas de transparencia; acorta los tiempos en los que las oficinas de enlace transparencia deber responder a las solicitudes de información, crea la Plataforma Nacional de Transparencia y abre la posibilidad de sancionar a los servidores públicos de manera ya no solo administrativa sino también de hacerlo por la vía penal y civil,
Hace algunas semanas Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (Itea), organismo independiente ciudadanizado encargado de promover y garantizar los derechos de acceso a la información, dio a conocer los resultados de la evaluación hecha a las dependencias e instituciones públicas en términos de las obligaciones de transparencia señaladas en la ley general y la local, en las que solo tres de las 103 revisadas obtuvieron una calificación del 100% de cumplimiento, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Contraloría del Estado y el propio ITEA; evidenciando la opacidad con la que operan las dependencias municipales, del gobierno del estado, del congreso local y lo más preocupante del Poder Judicial, ya que ellos son quienes administran la justicia pero a la vez incumplen la ley.
Pero ¿realmente son los servidores públicos los responsables de las omisiones en la materia? No. El propio Itea lo es también, al no realizar la labor para la que fue creado, al no capacitar debidamente al funcionariado público, al politizar el nombramiento de los comisionados y a su poco conocimiento del tema y más allá, la falta de interés de aprender al respecto; totalmente distinto de lo que sucede en el estado vecino de Zacatecas, donde el instituto tiene presencia y dinamismo.
Después de la evaluación, solo el municipio de Pabellón de Arteaga, tomó cartas en el asunto y capacitó a su personal encargado de ser enlace de transparencia, demostrando la sensibilidad hacía mejorar en estos temas.
Por último, la Transparencia es una de las bases del régimen democrático. Los asuntos públicos deben de estar abiertos al escrutinio social y quienes lo manejan deben de rendir cuentas en forma oportuna y confiable, no solo términos de recursos financieros públicos, incluso en la toma decisiones. Para lograrlo se requiere la participación activa de la ciudadanía, la vigilancia de la sociedad civil organizada y los medios de comunicación.
@aguileralespron
