Andrés Manuel López Obrador y su equipo de trabajo se sienten incómodos con la opinión experta. Les disgusta recibir recomendaciones técnicas. Prefieren guiarse por sus intuiciones y confiar en la opinión desinformada del pueblo bueno y sabio. La experticia ha sido exiliada de la cuarta transformación de la vida pública de México.
Otra manera de ver los mismos hechos: la 4T ha ampliado el concepto de experticia, lo ha flexibilizado al grado de volverlo inútil. Se habla de recuperar saberes ancestrales, se habla de saberes trasversales y multidimensionales, se ataca al pensamiento racionalista, hegemónico y colonizador. Parece como si alguna persona cercana al presidente le cuchicheara al oído la letanía obtusa de Paul Feyerabend o cualquier otro posmoderno incapaz de realizar una simple operación aritmética. El gobierno, no se malentienda, lo único que busca es eliminar los obstáculos que intelectuales y expertos imponen a tradiciones diferentes a la suya, y de preparar la eliminación de expertos y científicos de los centros vitales de la sociedad. ¿Acaso resulta deseable y útil esta eliminación? La pregunta, espero se entienda, es retórica.
A poco más de cien días de su administración, lo sabemos, la 4T ha presentado ya un sinnúmero de escándalos. Muchos de ellos, si no la mayoría, han tenido como escenario el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt): desde la designación de su directora (rival a ultranza de la investigación y el desarrollo de transgénicos), hasta los nombramientos en las subdirecciones del Consejo (un sujeto con una licenciatura trunca, una modista, el exesposo de la directora y su excuñado). Conacyt ha estado envuelto en el escándalo, y eso sólo indica la poca importancia que tiene la ciencia y la tecnología para el Gobierno actual. El problema va más allá: la opinión experta les parece mafiosa y fifí, y el trabajo académico una conspiración que sirve a intereses ocultos de la mafia del poder. No debería sorprendernos que el gobierno, entonces, haga oídos sordos a lo que las y los expertos tengan que decirle o recomendarle. La situación no es nada halagüeña.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) ha publicado recientemente una nota técnica sobre el Proyecto del Tren Maya. En ella, el Think Tank busca “presentar los desafíos que la construcción del Tren Maya enfrenta ante la complejidad que representa el desarrollo y construcción de este tipo de megaproyectos de infraestructura. Lo anterior, mediante un análisis de experiencias tanto nacionales como internacionales que parten de la información disponible del proyecto”. La Nota, un ejemplar paradigmático de la experticia requerida para el diseño de proyectos de esta envergadura, busca “proporcionar datos y evidencia que ayuden a formular un mejor proceso de planeación que asegure su rentabilidad económica, la protección ambiental y el crecimiento y desarrollo integral de las poblaciones que se pretende beneficiar”. El IMCO señala en el documento preocupaciones económicas, ambientales y sociales con respecto al Tren Maya, y termina con una serie de recomendaciones que haría bien el actual gobierno en tomar en cuenta.
En primer lugar, el Imco señala una preocupación económica central: “la experiencia mundial y nacional señalan que para generar un proyecto de infraestructura ferroviaria que genere ganancias o, por lo menos, no requiera de subsidios gubernamentales durante toda su vida útil, es necesario que el Gobierno haga una evaluación correcta de los costos estimados, aforo, densidad poblacional, conectividad, uso principal de las vías y la competencia del tren con otros medios existentes de transporte”. Tal como se ha presentado el proyecto del Tren Maya, el Imco estima que costará de entre 4 y 10 veces más lo presupuestado. Adicionalmente, los tramos no urbanos del proyecto no serán rentables.
En segundo lugar, el Imco señala algunas preocupaciones ambientales: la ruta del Tren Maya atraviesa una región con diversidad biológica y cultural única. El impacto ambiental puede ser desastroso. El valor de los recursos no renovables que México podría perder por la implementación del proyecto es difícil estimarlo.
En último lugar, el Imco señala algunas preocupaciones sociales: el 56% de la superficie de los estados de involucrados en el proyecto es propiedad social y está compuesta por más de mil 406 núcleos agrarios, de los cuales casi el 100% corresponden a ejidos. Por tanto, antes del inicio de la construcción, se tendrá que cumplir con su obligación de llevar a cabo una consulta libre, previa, culturalmente adecuada, de buena fe, pública y de manera informada en una de las regiones con alta proporción de población indígena.
Las recomendaciones del Imco son claras y específicas dadas estas preocupaciones: “(1) incluir a la población en mecanismos de consulta regulares desde la etapa de planeación del proyecto, con lo que el Gobierno podrá gestionar de mejor forma diversos riesgos sociales, (2) incluir actividades distintas al turismo en la planeación de la obra, (3) asegurar que las líneas se construyan en tramos urbanos, densamente poblados y cortos, (4) obtener la totalidad de los derechos de vía de los tres tramos antes de iniciar la obra, (5) cuidar las áreas naturales protegidas y los activos naturales fuera de ellas y (6) al evaluar el costo de oportunidad de otros proyectos como el ferrocarril transístmico”.
¿Estará el Gobierno es la disposición de escuchar estas preocupaciones y recomendaciones que le hacen las y los expertos? Es difícil saberlo, pero este corto camino andado en la 4T nos induce a pensar que los oídos del gobierno seguirán cerrados a la opinión experta.
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