- El exdirector del IEA fue inhabilitado por el subejercicio de 119 millones 480 mil 347 pesos de dos programas federales; Chávez Rangel aún puede impugnar la resolución
- El recurso debió ejecutarse en el ejercicio de 2014 pero no se ejecutó hasta 2015 y de manera indebida
Por subejercer 119 millones 480 mil 347 pesos en 2014, el exdirector del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Francisco Javier Chávez Rangel, fue inhabilitado de la función pública por 15 años por el Órgano de Control Interno de esa dependencia estatal.
Este jueves 11 de abril se hicieron públicos un par de expedientes de la Unidad Substanciadora y Resolutoria del Órgano Interno de Control del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) firmados por el titular de dicho organismo, Gamaliel Jauregui Aguayo, en los que tras dos procesos de responsabilidad administrativa se inhabilitó de la función pública al exdirector del IEA, Francisco Chávez por 15 y doce años.
En el expediente 0040/2016-BIS y en el 0039/2016-BIS se señala que conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes y el Reglamento Interior del IEA, la Unidad Substanciadora resolvió que Francisco Rangel, en actos realizados en su calidad de director general del Instituto, tiene acreditadas faltas administrativas.
Por lo tanto, la Unidad Substanciadora resolvió imponer a Chávez Rangel, quien fue director del IEA en el sexenio de Carlos Lozano de la Torre y quien buscó la alcaldía de Aguascalientes, dos inhabilitaciones temporales: una por doce años y una por 15 años, aunque no son acumulables, por lo que no podrá participar en el servicio público sólo por 15 años, pues se toma en cuenta la sanción más grande.
La inhabilitación por doce años, explicó Alejandro Jorge García Gómez, director jurídico del IEA, se debe a observaciones al Programa de Inclusión y Equidad Educativa que tuvieron en total un monto de dos millones 560 mil 395 pesos, mientras que la de 15 años es causada por un subejercicio del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa Básica, por un monto de 116 millones 919 mil 952 pesos.
Ambas observaciones, recordó García Gómez, son derivadas de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación del ejercicio de 2014, pues el recurso para ambas observaciones, que en total es de 119 millones 480 mil 347 pesos no se ejecutó en ese año: “Estas observaciones fueron denunciadas ante el propio Órgano Interno de Control, entonces al retomar las observaciones llevó a cabo el procedimiento y determinó que existen elementos para generar una sanción derivado del subejercicio de ambos programas”.
El director jurídico aclaró que el recurso se radicó en el estado, sin embargo, esto ocurrió cuando concluyó 2014 y no fue debidamente ejecutado, por lo cual no se respetaron las Normas de Contabilidad y Gasto Público vigentes en ese año, por lo que el recurso se ejecutó en los mismos programas pero hasta 2015 y con una “indebida ejecución”, lo cual no le generó una sanción de carácter penal.
De cualquier manera, apuntó Alejandro García, el inculpado tiene la posibilidad de impugnar la decisión del Órgano de Control, mediante la presentación de un recurso ante este ente para lo cual tiene diez días hábiles a partir de ayer o bien presentar un juicio de nulidad ante la sala administrativa del Poder Judicial del Estado para impugnar toda la definición: “Queda firme la resolución si no se hace en el tiempo marcado y como tal se subiría a inscribirse al padrón de funcionarios públicos sancionados”.
