Mojas el pan en el plato vacío,
y apagas la televisión.
Sales a la calle y te vas al muro,
donde siempre hay alguien,
donde empieza el mar…
Muro, Miguel Bosé
Que una persona profesional de la salud se declare en “objeción de conciencia” para practicar un aborto legal dentro de la NOM 046 es plenamente válido, siempre y cuando esto ocurra en una de las siguientes dos hipótesis, o en ambas: que la gestación ya haya rebasado la semana catorce, o que esa persona profesional de la salud labore en el sector privado.
La objeción de conciencia es un derecho que debe ser preservado, sin que su práctica ponga en riesgo el derecho de terceros. En el caso, digamos, de la NOM 046, los servicios de salud que provee el estado deben, por derecho, tener entre su personal a profesionales de la salud que no tengan objeción de conciencia para aplicar una interrupción legal de procesos de gestación, en las hipótesis que plantea la propia ley y sus normas oficiales.
De lo contrario, mujeres víctimas de violencia sexual cuya vulneración y maternidad no deseada producto de esa violencia las vuelve víctimas, serían revictimizadas por el estado al marginarlas del derecho a la salud reproductiva, a la planificación familiar, y a la libre autodeterminación, todo porque un hato de médicos (que trabajan en el servicio público) cree que la ley debe estar por debajo de sus convicciones personales.
Que una institución pública no cuente con personal libre de la objeción de conciencia es una extensión más de la violencia estructural de género que padecemos, especialmente las mujeres, y particularmente las que lastimosamente han sido víctimas de violencia sexual. Pero no se remite sólo a éstas; la carencia de tratamientos hormonales en el sector público para la población transgénero es otro ejemplo de cómo la objeción de conciencia se traduce en violencia cuando esta “objeción” es respaldada por los organismos públicos, sólo por poner otro ejemplo.
Esto viene a colación por el penoso caso de abuso contra una adolescente víctima de violación sexual, que le produjo (además de todas las lastimaduras físicas, emocionales y psicológicas) un embarazo obviamente no deseado. A esta joven, los servicios de salud del estado le negaron la aplicación de la NOM 046 argumentando que el personal capacitado para la interrupción del embarazo era “objetor de conciencia”; es decir, la administración pública privilegió las creencias personales de su personal sobre el derecho a la salud de una víctima.
Ante esto, la familia de la joven buscó apoyo federal con el expediente de amparo indirecto 513/2019 ante el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Aguascalientes, para solicitar la interrupción del embarazo al tratarse de una violación y ser una menor de edad, según narra la revista Proceso. Derivado de este amparo, la autoridad jurisdiccional determinó que el estado debía interrumpir ese embarazo, sin embargo, la familia logró exitosamente esta interrupción gracias al apoyo de la Asociación Civil Morras Help Morras.
De esto podemos insistir en una realidad: la maternidad será deseada, o no será. Que el estado, mediante el ejecutivo, el legislativo o -incluso- el judicial (aunque este poder ha demostrado ser más progresista y defensor de los derechos humanos) quiera frenar los mecanismos legales para la interrupción de los embarazos no deseados o impuestos, sólo tiende a aumentar los abortos clandestinos. Entonces, la discusión no es si queremos abortos o no, sino si los queremos en condiciones que ponen en riesgo la vida de las mujeres, o si los queremos en plenitud del ejercicio de los derechos a la salud, la salud reproductiva, la autodeterminación, y la libre planificación familiar.
También podemos insistir en otra realidad: las mujeres ya son víctimas de un sistema que les vulnera. A esto se le suma que muchas son -además- víctimas de distintas violencias, desde la marginación o el acoso, hasta la franca violación sexual o el feminicidio. Que el estado las revictimice negándoles derechos ganados es inadmisible; y peor aún, si esta re victimización es porque el estado antepone creencias particulares sobre derechos generales.
Otra realidad ante la que hay que insistir: organizaciones como Morras Help Morras, Marie Stopes, y demás asociaciones dedicadas a informar, acompañar, y atender interrupciones de embarazos no deseados son -ante la complicidad por acción u omisión del estado- totalmente necesarias. Pero todo esto es paliativo frente al mal mayor: un sistema de inequidades que vulnera a personas por condición de género, ante los ojos de todas y de todos. Bien haríamos en exigir el cese de esas inequidades, aunque para eso haya que transformar todo un sistema del que no sólo formamos parte, sino al que alimentamos a diario.
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