El pasado 10 de junio, la CNDH emitió la recomendación 29/2019. Esta recomendación es contundente en cuanto al reconocimiento de las violaciones a los derechos de niñas, niños y madres trabajadoras que hacían uso del Programa de las estancias infantiles. La recomendación se deriva de 204 quejas presentadas por presuntas violaciones a los derechos de 5 mil 340 personas en todo el territorio nacional.
Con esta recomendación, se pide a la Secretaría de Bienestar establecer un mecanismo que restituya los derechos que fueron violados, actualizar el padrón de niñas y niños que eran beneficiarios del programa de estancias infantiles y el pago retroactivo de los subsidios. Además, se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Secretaría de Bienestar, garantizar la progresividad de los Derechos Humanos en los recursos que deben de asignarse, esto es, que el presupuesto que se destine a este mecanismo de restitución sea al menos el del ejercicio fiscal 2018, para garantizar la misma cobertura proporcional y geográfica, en este tenor de ideas, estamos hablando de un aproximado de cuatro mil millones de pesos. Por otra parte, también se ha recomendado a la Secretaría de Bienestar contar con un instrumento eficiente y objetivo, para verificar que los apoyos se utilicen en servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil. Ya que han existido muchos casos, en el que las madres y padres ya recibieron el recurso, pero no lo utilizan para cubrir la cuota de los servicios de la estancia infantil, lo utilizan en otra cosa, además se han detectado casos, en los que el recurso ha llegado hasta duplicado a la misma persona.
Está recomendación se da en un momento coyuntural para el tema de las estancias infantiles, a nivel nacional se han presentado más de 4 mil 500 amparos, de los cuales se han otorgado cerca de 580 suspensiones definitivas en por lo menos 10 entidades: Chihuahua, Nuevo León, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Sinaloa.
Aunado a lo anterior, hace unos días, se dictó la primera jurisprudencia sobre las suspensiones en Chihuahua, con esto se establece un antecedente importante para todo el país en el tema de estancias, el cual vuelve a generar cierta esperanza en las personas que se beneficiaban de este programa. Una vez que las autoridades acepten dichas recomendaciones, tendrán un plazo de tres meses, para realizar las acciones contundentes para poder cumplirlas. Es aquí en donde podremos observar el verdadero interés que tiene el Gobierno mexicano en velar por el interés superior de la niñez y de las madres trabajadoras. Es la oportunidad que tiene esta administración, para poder dejar de lado la soberbia y reconocer que con las decisiones que tomaron referente al Programa de Estancias Infantiles, vulneraron los derechos de las niñas y niños, es momento de en la praxis cumplan con su famosa frase de “nadie por encima de la ley”.
