A principios de este mes el Senado de la República, o mejor dicho los grupos oficialistas al Gobierno, aprobaron un Dictamen que contenía la Ley Federal de Austeridad Republicana, modificaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Si bien las intenciones de que la administración pública se maneje bajo parámetros de austeridad y como decía un filósofo alemán “de buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno”, en la aprobación de este Dictamen se regresa al Hiperpresidencialismo y al manejo discrecional de los recursos públicos por parte del Poder Ejecutivo.
Ya que en lo correspondiente a la “Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria” se establece un apartado en donde se estipula que todos los recursos públicos que se ahorren por las medidas de austeridad, serán destinados a donde el Presidente decida por Decreto. Esto, estimados lectores, quiere decir que no importa si sigue el desabasto de medicamento, no importa que se violenten los derechos de la infancia, no importa que no haya becas para los deportistas de alto rendimiento, al final, como ya es costumbre en este sexenio, se hará lo que diga el dedito del Presidente.
Además, el tema de transparencia y de fiscalización quedaron fuera del Dictamen, lo que trae como consecuencia a futuro, que este recurso se utilice como un aparato electoral, y a esto, hay que sumarle la Reforma Electoral que está por analizarse en las Comisiones de las Cámara de Diputados, con esto se estaría exterminando a la oposición y el Ejecutivo tendría mayor facilidad para poder pasar las reformas.
Si bien es cierto que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa, estamos regresando al resurgimiento de un partido hegemónico, como lo fue el PRI en los setentas. Este génesis de la política mexicana y del sistema de partidos, se está estructurando para poder funcionar mediante un marco jurídico que lo sustente, que lo legitime. Sin embargo, como mexicanos conscientes de nuestro pasado político, sabemos de las consecuencias que esto podría traer.
Podrán llamarme un vendido, un “prianista” de clóset, pero cualquier insulto se vuelve opaco ante la falta de racionalidad y de argumentación hacia la realidad. A esto hay que sumarle la renuncia del exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, que admitió que su renuncia se basa en que se han tomado decisiones sin sustento alguno y que en esta “transformación”, sigue imperando el tráfico de influencia, el cual también forma parte de un delito y tiene que ver con corrupción y como falta administrativa de los servidores públicos. Si la bandera del actual gobierno es acabar con la corrupción, este es el caso claro para dejar ver que no todo el combate a la corrupción es cacería de brujas, sino una estrategia clara que abarca a los propios “soldados de la nación”.
La renuncia de Urzúa se minimizó al acusarlo de que quería seguir manteniendo un modelo económico pasado. Como ya es tradición y jugada premeditada de este régimen, se utilizó la fragmentación social para decir que era el propio exsecretario que no estaba en “onda” de los nuevos tiempos.
Sin embargo, es preciso señalar que la “pseudo izquierda” mexicana, que se caracteriza por ese sentido cognitivo, filosófico, crítico, de pluralidad, ha quedado en el olvido, más de diez años de lucha, para echar por la borda aquello que llamaban ideales firmes. Hoy, se han convertido en ese autoritarismo que proclamaban exterminar.
Esperaremos ahora, a ver cómo viene el paquete económico para el año que viene, el cual se entrega al Congreso de la Unión en septiembre, y así como dicen una cosa y dicen otra, veremos si hay nuevos impuestos o endeudamiento.
