Why me Lord? What have I ever done
To deserve even one
Of the blessings I’ve known?
Why me Lord? What did I ever do
That was worth love from you
And the kindness you’ve shown…?
Why me Lord. Johnny Cash
Joaquín el Chapo Guzmán ha sido sentenciado ayer a cadena perpetua por los múltiples delitos relacionados al narcotráfico, asociación delictuosa, conspiraciones de diverso tipo, portación de armas y lavado de dinero producto de actividades ilícitas. Diez cargos en total, que fueron juzgados por un cuerpo de magistratura presidido por Brian Cogan, en la corte de Nueva York, luego de que el Estado mexicano volviera a atrapar al capo y tramitara su extradición a Estados Unidos.
Si la cadena perpetua es excesiva o no, por los crímenes en los que se le haya probado comisión de delito, es tema de los juzgados. Sin embargo, sí hay otros temas que compete revisar, porque atienden a necesidades de transparentar la actuación del(los) estado(s) en materia de derechos humanos y procuración de justicia.
Respecto a los derechos humanos, éste ha sido uno de los arietes de la defensa jurídica de Guzmán Loera desde el inicio de su proceso de extradición. Ya en suelo norteamericano, la queja sobre violaciones a sus derechos personales fue queja recurrente, y el Chapo terminó de coronar su juicio con la lectura de una carta ante el juez Cogan. En esta carta afirma el capo que se le ha violentado de distintas formas, desde las físicas (con condiciones insalubres o potencialmente dañinas en el aire y el agua, o las vejaciones derivadas del encierro continuo sin luz de sol), hasta las de índole emocional y sicológico producto del aislamiento permanente, de la prohibición de ver a sus familiares, de la soledad irrestricta, o el mal trato de las pocas personas con las que tiene contacto.
Aún y cuando esto corresponde al modelo penitenciario y de diseño punitivo (que no de reinserción social) practicado en un país distinto al nuestro, y ante lo cual poco o nada es posible hacer; sí nos puede servir para la reflexión de nuestros propios modelos de reinserción social. Las cárceles son lugares de hacinamiento y de degradación humana, no de reeducación y de preparación para reintegrar a quienes cometen delitos en el seno de nuestra comunidad. Son pues, mazmorras en las que no se busca la justicia, sino la venganza, y es algo vergonzoso que deberíamos remediar, en lo que a los mexicanos nos toca.
Respecto al tema de procuración de justicia, el trabajo de un jurado (en el caso norteamericano de los jurados insaculados entre ciudadanos; pero también en el caso mexicano, con jurados unipersonales sometidos a presiones, riesgos y exposición pública) ¿hasta dónde puede verse influido -de manera positiva o negativa- por el impacto mediático del proceso judicial? Por otro lado, ¿cómo lograr la máxima transparencia jurídica y aplicación equitativa del derecho en el tratamiento a figuras como los “testigos protegidos”, cuando muchos de éstos son -también- criminales? Figuras delincuenciales de alto perfil han conmutado la aplicación de la ley, a cambio de ejercer la delación, y el producto de sus testimonios no siempre ha derivado en detenciones de otros criminales, o en el corte de los caminos financieros, en suspensión del mercadeo del narcotráfico, o en la caída de los funcionarios públicos corrompidos. Esto es algo urgente de atender, porque la justicia se pudre, y sólo los que tienen algo qué ofrecerle al sistema son susceptibles de acceder a tratos dignos, mientras que quienes no, son inhumanamente prescindibles para la justicia.
Por lo pronto, lo que queda es esperar a ver cuánta de la rica información declarada (en público y en secreto) durante el juicio de Joaquín Guzmán Loera es utilizada por los estados mexicano y norteamericano. Nos deben ofrecer a sus respectivas comunidades entornos más seguros, libres de la violencia del crimen, con abatimiento de la corrupción en la burocracia, y con menos oferta de sustancias ilegales a los millones de jóvenes que a diario ceden ante las adicciones, a quienes se criminaliza, y no se les atiende como pacientes de la salud pública. Deben, además, revisar las medidas penitenciarias para procurar la justicia y la reinserción social, no la degradación humana de sus reclusos. De otra forma, el Chapo será un recordatorio perpetuo de que la justicia sirve al poder, a sus componendas, y a sus lavativas, no a su comunidad.
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