When the night has come,
and the land is dark,
and the moon is the only light we’ll see,
no I won’t be afraid, no I won’t be afraid,
just as long as you stand, stand by me….
Stand by me. Ben E. King
Hoy es jueves 26 de septiembre de 2019. Por la noche se conmemorará el primer lustro del horror y la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de la escuela Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, que sucedió en las lindes de Iguala. Un lustro de horror e impunidad; de dudas y pocas certezas; cinco años de ver fallar al estado en su deber de procurar justicia, de resarcir a las víctimas, de desarticular las redes criminales responsables de la tragedia, y de ser omiso en el imperio de la ley.
Sobre el caso se ha dicho (y desdicho) ya bastante. Pocas cosas suman novedad a la crónica de lo atroz. La investigación se ha llevado por instancias del estado, por grupos de especialistas internacionales, por instancias de derechos humanos, por periodistas, por deudos y víctimas. De todo el océano de datos e informaciones, prevalece un común denominador: el sospechoso desaseo que salpica a las distintas fuerzas del estado, desde las municipales y estatales, hasta las federales, pasando -incluso- por el ejército. Por extensión, las fuerzas políticas agrupadas en los partidos mayoritarios con funciones de gobierno en el momento de la tragedia tienen, también, la mancha de la responsabilidad compartida, sea por acción, omisión, o relación.
Conocer la realidad de fondo de este caso ha costado mucho y ha logrado apenas poco. La manipulación de la información; los datos obtenidos por tortura; los legajos de expedientes contradictorios; las verdades históricas y las histéricas; el agua a los molinos de grupos y facciones; el temor de criminalizar a las víctimas con la especie del camión cargado de opio; los rojos y los guerreros; municipales, estatales, militares; periodistas y activistas, abogados; detenidos y liberados; evidencias tomadas y desechadas; basureros incendiados, bolsas con restos flotando en ríos; seguimiento de antenas de telefonía; más tortura a detenidos, expedientes que se caen y liberan presos peligrosos; y estudiantes que -a un lustro- siguen sin aparecer.
Luego de la trágica noche de hace cinco años, que supuso un duro golpe a la entonces administración federal, un nuevo poder ejecutivo tiene en sus manos encontrar la verdad y la justicia en el caso. Sin embargo, pocas cosas se ven alentadoras o -al menos- diferentes respecto a cómo la fuerza política en el poder durante el sexenio anterior manejó judicial y mediáticamente la catástrofe. Por el contrario, se debilita la posición del estado frente al crimen en el tema de la seguridad, se aumenta el empoderamiento de las facciones sindicales en el magisterio, y se minimiza el tema de la noche de Iguala en la agenda pública del poder ejecutivo. Se liberan inculpados, se olvidan pistas y líneas de investigación, y se dan tumbos desbrujulados, que no resuelven una herida trascendente en el México contemporáneo.
Mientras el caso aún no se aclara en sus detalles, ni en el esclarecimiento de la desaparición forzada de los estudiantes, los damnificados del fracaso en la procuración de justicia siguen padeciendo; los familiares de muertos, heridos, y desaparecidos; los afectados por las consecuencias de tener un crimen mejor organizado que la autoridad que -se supone- debe combatirle. A cinco años sin respuestas contundentes y veraces, quienes se mantienen en el desamparo son los mismos: los pobres, los que son orillados a ser halcones del narco, al exilio, o a la miseria; los habitantes de comunidades asoladas por la delincuencia, el secuestro, la extorsión, el tráfico y consumo de drogas, y el cobro de piso. Un lustro después, las víctimas de la noche de Iguala no ven amanecer.
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