- Autoridades deben hacer consultas ciudadanas y a especialistas con este tipo de decisiones
- Este aumento a la tarifa favorece la violencia social y económica en contra de usuarios del transporte urbano
El amparo colectivo promovido por parte del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA) por el aumento de la tarifa del transporte urbano tiene como principal objetivo el buscar que las autoridades se sienten con representantes de la ciudadanía a los que les impacta directamente este aumento.
La semana pasada, el OVSGA presentó el formato para interponer un amparo como respuesta al aumento de esta tarifa, poniendo a disposición un formato de fácil llenado para que cualquier ciudadano pudiera promover este recurso legal. Los activistas de la asociación aseguraron que este aumento impulsa la violencia social y económica a usuarios del transporte urbano.
Mariana Ávila Montejano, integrante de la asociación, aseguró que han tenido bastantes descargas por parte de la ciudadanía, pero les preocupa que no terminen el proceso de amparo ante la Oficialía de Partes. Reiteró la invitación a la ciudadanía a que hagan el llenado de este formato en disposición del sitio web del Observatorio.
La activista puntualizó que uno de los principales objetivos del amparo es lograr que las autoridades estatales se reúnan con los ciudadanos que les impacta directamente este aumento a la tarifa, no precisamente con los integrantes del OVSGA.
Entre otros objetivos también está la activación ciudadana a través de herramientas tecnológicas y que la autoridad entienda que debe de consultar a ciudadanos y especialistas al momento de tomar esas decisiones de gran impacto social.
“Otro fin es que la autoridad a nivel federal nos diga que fue un aumento inconstitucional, es violatorio a los derechos humanos,” comentó Ávila Montejano. Aseguró que esto obligará al estado replantear los argumentos sobre el aumento de la tarifa.
La activista detalló que es violatorio a derechos humanos debido a que este aumento no es acorde al aumento del salario mínimo por lo que afecta la adquisición de la canasta básica. El salario mínimo actualmente es de 123.22 pesos, mientras que la canasta básica en ochenta productos cuesta alrededor de cien pesos. Pidió a las autoridades y a la concesión que se transparente y se detallen los argumentos sobre la decisión tomada en diciembre.
