- La motivación de la iniciativa señala que el objetivo de la nueva fracción es “proteger a la mujer y a su hijo” de muertes provocadas por abortos caseros
- La información sobre el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos es un derecho que el Estado debe garantizar
Las organizaciones Artículo 19, Equis Justicia para las Mujeres y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), aseguraron que la propuesta de reforma a la Ley de Salud de Nuevo León, para prohibir la promoción del aborto y la publicidad de los medicamentos para realizarlo, criminaliza a las organizaciones feministas.
Las organizaciones se pronunciaron en contra de la iniciativa presentada el pasado 12 de agosto por el diputado del Partido Encuentro Social (PES), Juan Carlos Leal Segovia, la cual, dijeron, busca afectar a colectivas y organizaciones feministas que trabajan para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad.
El proyecto presentado por el PES, partido que está en contra del aborto y de la educación integral en sexualidad, pretende adicionar al artículo 4 de la Ley de Salud del estado, la fracción XXVII que a la letra dice: “[…] prohibir la promoción y la publicidad para realizar abortos clandestinos así como los medicamentos o drogas para realizarlos”.
Por medio de un comunicado, las organizaciones explicaron que la propuesta hace uso de lenguaje y discursos estigmatizantes y de aprobarse provocaría censura previa y criminalización de colectivas y mujeres feministas. Es de recordar que que Leal Segovia también promueve el Pin Parental, una reforma a la Ley de Educación estatal para que padres de familia restrinjan a sus hijas e hijos los contenidos educativos sobre sexualidad e igualdad de género.
La motivación de la iniciativa señala que el objetivo de la nueva fracción es “proteger a la mujer y a su hijo” de muertes provocadas por abortos caseros. De acuerdo con el texto, los grupos y colectivas feministas inducen a la práctica de “abortos clandestinos” a través de la supuesta publicidad y promoción que hacen del misoprostol, el medicamento más seguro para realizar un aborto, según la Organización Mundial de la Salud.
La iniciativa sostiene también que los colectivos feministas “anuncian, promueven, fomentan y comercializan abortos caseros clandestinos”. Además, establece que “esta práctica debe ser considerada un delito y debe investigarse ya que no debe suministrarse medicamentos abortivos, tampoco se debe permitir la publicidad engañosa sobre este tipo de medicamentos y su uso ya que pone en peligro la vida de los bebés en gestación y de las mujeres”.
Las agrupaciones destacaron que tratar de prohibir la publicidad de medicamentos para realizar un aborto genera una narrativa que estigmatiza y criminaliza a quienes defienden y promueven los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para interrumpir un embarazo.
Al analizar la iniciativa, las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres señalaron que un criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece que las normas mandan un mensaje social acerca de cuál es el comportamiento deseado en la sociedad.
También recordaron que la labor que realizan las mujeres y colectivas feministas es esencial porque difunden información relacionada con atención a la violencia de género, acceso a la justicia y acceso a la salud, entre otros temas que de otra forma no conocerían muchas mujeres. Además, algunas colectivas ofrecen acompañamiento y asesoría jurídica para mujeres.
Artículo 19, Equis y GIRE expusieron que esta reforma generaría censura previa, lo que vulnera el acceso y ejercicio pleno del derecho a la información y la libertad de expresión en relación con el derecho a la salud. La propuesta de reforma no considera que la censura previa está prohibida por el artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales de Derechos Humanos.
También argumentaron que la información sobre el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, así como sobre las formas de beneficiarse de los avances de la ciencia y la tecnología, es un derecho que el Estado debe garantizar. “La reforma que se propone carece de una visión preventiva de salud pública y tiene el potencial de generar un efecto disuasorio en las personas que brindan información sobre aborto seguro en casa”, dijeron.
También señalaron que la propuesta podría generar escasez de información y exacerbar la discriminación y la intolerancia, por eso llamaron al Congreso del estado de Nuevo León a permitir la participación activa, libre y significativa de las organizaciones interesadas en la discusión de esta iniciativa legislativa.
Anayeli García Martínez |Cimacnoticias
