Justo antes del inicio del Proceso Electoral Federal 2020-2021, previsto para el próximo lunes 7 de septiembre, estamos a punto de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral sesione a efecto de concluir el análisis que conlleva la culminación del proceso que iniciaron organizaciones ciudadanas, con el afán de constituirse como partidos políticos nacionales. Este procedimiento, previsto en la Ley General de Partidos Políticos, solamente puede iniciar durante el mes de enero del año siguiente al de la elección presidencial, por lo que la próxima vez que podrán constituirse más partidos políticos nacionales, será a partir de enero del 2025.
Los partidos políticos, en su esencia, son entidades de interés público que posibilitan el acceso de la ciudadanía a los cargos de elección popular. En nuestro sistema político, los partidos son protagonistas en la renovación periódica y pacífica de las autoridades de gobierno, a partir del ejercicio del derecho que poseemos como ciudadanos de asociarnos libremente a definir los asuntos que nos atañen públicamente como sociedad.
Así, desde el precepto constitucional, solo la ciudadanía puede formar e integrar partidos políticos a partir de la libre e individual afiliación a ellos, requiriendo para tales efectos un número equivalente al 0.26 por ciento del padrón electoral utilizado en la elección presidencial que antecedió al inicio del proceso. Para este caso en particular, se requirió de 233,945 afiliaciones en todo el país, certificadas a través de asambleas que podían hacerse en cada estado de la república o en cada distrito electoral federal. Si la organización optaba por asambleas estatales, la autoridad requería un mínimo de 20 reuniones con, por lo menos, tres mil asistentes; de otra manera, debían realizarse convenciones en 200 de los 300 distritos en que se divide el territorio nacional, a las cuales asistieran un mínimo de 300 personas con la intención de afiliarse. Por último, había que realizar una asamblea nacional constitutiva en donde asistieran delegaciones estatales o distritales, para aprobar los documentos básicos (declaración de principios, programa de acción y estatutos) de la naciente organización.
De esta manera, en enero de 2019, posterior al año en el que se llevó a cabo la elección presidencial más reciente, 106 organizaciones notificaron su intención de participar en el largo y sinuoso camino de constituirse como partido político nacional. De ellas, el 84 por ciento pasó el primer filtro de ser consideradas procedentes por cumplir con los requisitos indicados, y paulatinamente fueron reduciéndose los aspirantes para finalmente ser consideradas siete organizaciones quienes, cumplidos los requisitos de fondo y de forma, se encuentran actualmente en vías de obtener su registro como partidos políticos nacionales.
De manera preliminar, pretenden constituirse el Partido Encuentro Social, México Partido Político Nacional, Redes Sociales Progresistas, México Libre, Fuerza Social por México, Alternativa PPN y Súmate, quienes, de obtener el registro nacional, se unirían a los existentes Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena, en el ámbito nacional, y a Nueva Alianza Aguascalientes, Partido Libre de Aguascalientes y Unidos Podemos Más, en el ámbito local, como protagonistas de este inminente proceso electoral para renovar las diputaciones federales y los cargos que se derivan de las elecciones locales concurrentes.
Para efectos de la certeza que debe privar, y de la que es garante la autoridad electoral, tal registro debe formalizarse antes del inicio legal del proceso electoral, toda vez que quienes participan en la elección (partidos, candidatos, ciudadanía) deben conocer de antemano las reglas del juego, lo que incluye, dentro de la analogía del juego electoral, a los jugadores que desarrollarán sus actividades.
Es conveniente hacer énfasis que, en materia de financiamiento público, la creación de nuevos partidos no incrementa el monto de sus prerrogativas, es decir, la bolsa aprobada a inicio de año no aumenta por el hecho de que sean más los sujetos entre los que se reparte; por el contrario, se realizará una redistribución de tal cantidad, lo que provocará que los partidos actualmente con registro vean disminuidos sus recursos mensuales, para financiar a quienes se integran. Lo mismo operará a partir de ahora, pues la bolsa calculada para ser distribuida durante el año próximo ya está determinada por una fórmula legal, tanto a nivel federal como local, y no puede ser aumentada en función del número de partidos.
Seguramente será una cuestión debatible el número de partidos políticos a los que, eventualmente, podremos arribar. De obtener el registro las 7 agrupaciones solicitantes, la ciudadanía tendría 14 opciones en lo federal y 3 más en el ámbito local para elegir a sus próximos representantes en el gobierno. Habrá quien le parezca excesivo tal número, por tener ya definida su simpatía hacia una opción de manera tradicional y, en el lado opuesto, habrá quien no se identifique con alguno. Desde un punto de vista democrático, siempre será mejor tener más opciones para elegir que tener restringidas las alternativas o, de plano, no tener opción.
¿Cree usted que la solución pasa por no tener tantos partidos políticos? Le tengo una solución que, afortunadamente está en sus manos: cuando una agrupación le solicite su firma para su creación, no lo apoye, y si ya obtuvo su registro, no los vote. Como puede inferirse lógicamente, en las manos de la ciudadanía está el destino de los partidos, su nacimiento, su permanencia y su extinción. Eso nos debe mover a la reflexión sobre la participación ciudadana y el involucramiento consciente que debemos tener en nuestra vida pública.
Por lo pronto, bienvenidos los nuevos partidos, bienvenidas las nuevas opciones.
